La corrupción gubernamental, quien corrompe y quien es corrompido, debería ser considerado un crimen contra la humanidad en un país como Mali, uno de los países más pobres del mundo. Sus 20 millones de habitantes viven mayoritariamente de actividades agrícolas e informales, según los estándares económicos occidentales, aunque buscarse la vida no tiene nada de “informal”. La tasa de mortalidad al nacer es una de las más altas del mundo, según la Organización Mundial de Salud, mientras que en Francia es 2,65 (por mil nacimientos), en Líbano, 4,15 y en Estados Unidos, 3,70; ¡en Mali es 32,13! más alta que las dos guerras más sangrientas que hay actualmente en el mundo, la de Yemen, donde tasa de mortalidad neonatal es 26,65 y la República Democrática del Congo, donde es 27,41. De mayoría musulmana y una gran diversidad cultural y lingüística, el país también cuenta con un alto índice de analfabetismo, sobre todo entre las mujeres. 

Desde 2012, a todo esto hay que sumar el azote del terrorismo. Desde que Estados Unidos y sus socios europeos de la OTAN destruyeron Libia en 2011, toda la región cayó en la desestabilización provocada por el terrorismo que el gobierno de Gadafi siempre había mantenido alejado y a raya. No solo eso, Muamar Gadafi supo mantener un equilibrio de intereses, respeto, orden y paz entre los diferentes pueblos del desierto a los que conocía perfectamente, como los Tuareg, quienes dieron inicio a la desestabilización de Mali por la parte norte del país en 2012.

Mali es parte de la Francafrique, ese conjunto de excolonias de Francia en África que todavía están bajo dominio francés en todos los sentidos: político, económico comercial y monetario, pero también cultural y sobre todo militar. Este país es el tercer productor de oro de África y un gran productor de algodón, que exporta casi íntegramente a Bangladesh, donde se manufactura gran parte de la ropa de las grandes corporaciones internacionales de la moda. 

Se dice que los malienses han recibido con júbilo cada golpe de estado (1968, 1991, 2012, 2020, y 2021). No es extraño, su clase política profundamente corrupta, que no cumple más función que defender los intereses de Francia y otras potencias occidentales, nunca hizo nada bueno por el pueblo, y cada oportunidad de deshacerse de ellos y traer un cambio, venga de donde venga, ha sido bienvenida.

El 16 de enero murió el expresidente Ibrahim Boubacar Keïta, tras haber liderado uno de los gobiernos más escandalosamente corruptos del país. El expresidente murió pacíficamente en su casa de Bamako, con total impunidad. En junio de 2020 comenzaron protestas masivas por su enriquecimiento ilícito y el de su gabinete, que terminaron con un golpe de estado encabezado por el coronel Assimi Goïta, en agosto de ese mismo año.

A los 9 meses, en mayo de 2021, la junta militar dirigida por Goïta protagonizó otro autogolpe, para cambiar a los socios civiles con los que había formado un gobierno de transición en agosto de 2020. 

El nuevo gobierno de transición iba a organizar unas elecciones para febrero de 2022, pero el 30 de diciembre, tras una reunión con el presidente de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS/CEDEAO) el ministro de exteriores maliense anunció que era probable que las elecciones se retrasasen hasta diciembre de 2025. Este anunció desató duras críticas por parte de la oposición maliense y de los países de la región, entre otros. Francia y la Unión Europea, UE, que ya habían impuesto sanciones por el golpe de 2020, han ampliado sus sanciones.

Con el pleno respaldo de Francia, la UE y Estados Unidos, el organismo regional ECOWAS también ha ampliado sus sanciones a Mali, por considerar “totalmente inaceptable” el calendario propuesto por el gobierno de transición. Estas sanciones incluyen llamada a consultas de los embajadores de los 15 países miembros en Bamako; el cierre de las fronteras terrestres y aéreas entre los países de la ECOWAS y Malí; Suspensión de todas las transacciones comerciales y financieras entre los Estados miembros de la ECOWAS y Malí, (a excepción de los productos alimentarios, productos farmacéuticos, suministros y equipos médicos, incluidos materiales para el control del COVID-19, productos petrolíferos y electricidad); Congelación de los activos del Estado maliense y de las empresas estatales y paraestatales en los bancos centrales y comerciales; y suspensión de toda asistencia financiera y transacciones con todas las instituciones financieras internacionales. 

Estas sanciones son un castigo cruel dirigido principalmente contra el mismo pueblo maliense, cuyos intereses dicen querer defender, y añadirán más penurias a la ya empobrecida sociedad civil del país. La junta militar dirigida por el coronel Assimi Goïta había perdido credibilidad entre el pueblo maliense por su demora en mostrar algún resultado que les diera esperanza, pero con este golpe internacional ha logrado un enorme apoyo popular, más del que tuvo jamás. Sus decisiones ahora son respaldadas por el pueblo y la diáspora que se ha echado a la calle en el país y en muchas otras ciudades africanas y del resto del mundo para protestar por las sanciones, y para apoyar al gobierno de Goïta. 

Una de las decisiones más controvertidas de este gobierno fue la del año pasado de contactar con una compañía de seguridad privada de nacionalidad rusa, Wagner group, para contratar sus servicios en la lucha contra el terrorismo yihadista. A Francia y a Europa, que tienen contingentes de miles de soldados en Mali desde hace diez años, han denunciado la presencia de los mercenarios rusos, contratados por el gobierno maliense. Aseguran que van a echar por tierra todos sus “logros” en la lucha contra el terrorismo en la región, pero lo cierto es que estos logros no son más que una escalada constante de la inseguridad y la violencia. 

El día 19 de enero, el gobierno interino de Mali prohibió sobrevolar su espacio aéreo a un avión militar alemán, que tuvo que desviarse a las islas Canarias españolas. El avión llevaba tropas alemanas a Niamey, Níger. El incidente ha hecho que la ministra de exteriores alemana haya estallado en críticas a Mali por su hostilidad, ha denunciado la presencia de mercenarios rusos en el país saheliano y ha lanzado todo tipo de amenazas contra el gobierno maliense que todo lo que ha hecho ha sido responder con la misma moneda a uno de los países sancionadores, que recordemos han impulsado el cierre de fronteras aéreas y terrestres de Mali con todos sus países vecinos. La insolencia de los dirigentes de la vieja Europa no conoce límites. 

Si algo bueno ha salido de todo esto, es la toma de conciencia antiimperialista, no solo del pueblo maliense, sino de todos los demás pueblos africanos que este fin de semana han exhibido mensajes de apoyo a un Mali soberano y libre de las garras extorsionadoras y depredadoras de las potencias occidentales. 

Por otro lado, Rusia y China, cuya política de no injerencia cada día gusta más a los pueblos africanos y a sus gobiernos, tienen en su mano ahora brindar apoyo, sobre todo en materia de seguridad, a Mali, para que su pueblo no sufra más miseria de la que ya sufre, por culpa de las sanciones.