El Tribunal Supremo de Arabia Saudí ha confirmado las condenas a muerte de dos ciudadanos bahreiníes, Sadeq Thamer (1989) y Jaafar Sultan (1992), por cargos de terrorismo inventados, tras declararlos culpables de presunto "contrabando de explosivos" en el reino y de participar en "actividades terroristas". 

Diversos grupos de derechos y de la oposición, así como activistas de las redes sociales, han protestado contra la sentencia calificándola de arbitraria, confirmando que se ha dictado sobre la base de confesiones obtenidas bajo tortura, e instando a la comunidad internacional a impedir que se ejecuten las condenas a muerte.

Los acusados bahreiníes fueron detenidos sin orden judicial, el 8 de mayo de 2015, en la Calzada del Rey Fahd mientras cruzaban Bahrein hacia Arabia Saudí. A continuación, Sadeq y Jaafar permanecieron incomunicados durante casi 4 meses (115 días), en los que fueron brutalmente torturados.

Después de casi un año, el Cuarto Tribunal Penal Superior de Bahrein los condenó, el 31 de mayo de 2016, a cadena perpetua por los siguientes cargos: "adhesión a un grupo terrorista, importación y posesión de material explosivo, y acuerdo y ayuda para entrenar a personas en actos terroristas".

Además, el 7 de octubre de 2021, el tribunal penal especializado saudí también los condenó a muerte en base a siete cargos (seis de los cuales habían sido sentenciados previamente por la justicia bahreiní en base a pruebas insuficientes y confesiones coaccionadas), entre los que se encuentran: "Unirse a una célula terrorista dirigida por Irán; participar en el contrabando de materiales explosivos con la intención de perturbar la seguridad de Arabia Saudí; participar en las manifestaciones de Bahrein; poseer tres unidades flash de tarjetas de memoria que contienen lecciones de seguridad e inteligencia, tipos de armamento, disparos y lecciones sobre bombas y materiales explosivos".

La sentencia del régimen saudí contra estos dos supervivientes de la tortura viola la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Por lo tanto, la comunidad internacional debe presionar a Arabia Saudí para que anule las condenas a muerte de Sadeq y Jaafar, así como para que garantice que los futuros juicios sean coherentes con el derecho a un juicio justo e independiente, e investigue las denuncias de tortura perpetradas tanto por las autoridades bahreiníes como por las saudíes.

En el advenimiento del movimiento popular de 2011, decenas de miles de bahreiníes participaron en manifestaciones pacíficas para pedir reformas civiles, políticas y de derechos humanos. Sin embargo, el gobierno respondió con la fuerza bruta y lanzó una brutal represión contra los bloques de la oposición y los medios de comunicación independientes, junto con la desnaturalización y las detenciones masivas, y criminalizó de hecho todas las formas de disidencia. Además, el rey de Bahréin ratificó una enmienda constitucional que permitía el juicio militar de civiles, lo que viola fundamentalmente el derecho internacional y las normas para un juicio justo, reconocidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Rompiendo una moratoria de facto de siete años sobre la pena capital, Bahréin ejecutó a 5 víctimas de tortura: Ali Al-Singace, Abbas Al-Samea y Sami Mushaima el 15 de enero de 2017, y Ali Al-Arab y Ahmed Al-Malali el 27 de julio de 2019, tras un proceso judicial injusto y prácticas de tortura bien documentadas.

Mientras tanto, 26 presos políticos están en el corredor de la muerte en Bahréin; 12 han terminado todos los recursos legales (7 están en el exilio).

Los llamados órganos de supervisión de Bahrein (la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Unidad de Investigaciones Especiales y el Defensor del Pueblo del Ministerio del Interior) han sido criticados en repetidas ocasiones por su falta de independencia, su incumplimiento de las normas internacionales y su complicidad en el encubrimiento de abusos contra los derechos.

Aunque los relatores especiales de la ONU le han instado anteriormente a restablecer la abolición de facto de la pena de muerte. No obstante, Bahrein sigue manipulando el sistema judicial como instrumento para silenciar a los disidentes políticos.