La primera jornada de la movilización nacional indefinida convocada en Ecuador por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) se saldó este lunes con algunos cortes de ruta, sin graves incidentes y con la advertencia del gobierno de que no permitirá la paralización de servicios públicos y esenciales, pero la detención del presidente de la Conaie, Leonidas Iza, en la madrugada del martes, cambió el escenario.

La Conaie, que inició el lunes 13 un paro nacional de carácter indefinido con una lista de 10 exigencias al gobierno, y que incluyó 20 bloqueos de carreteras en 11 provincias, llamó a radicalizar la protesta tras detención de Iza.

El Ministro del Interior, Patricio Carrillo, aseguró que se abrieron 41 investigaciones previas por actos vandálicos, que incluyen incendios de patrulleros en Cayambe y en la vía Cuenca-Molleturo y la suspensión de bombeo de una estación de extracción de petróleo en la población de Pompeya, en Orellana.

El presidente Guillermo Lasso anunció que los autores intelectuales y materiales de lo que definió como actos vandálicos fueron detenidos en las protestas que se iniciaron este lunes y ordenó la detención de Iza por parte de grupos de élite de la policía y las Fuerzas Armadas. El dirigente fue detenido a la una de la madrugada del martes 14 de junio, en el sector de Pastocalle, en donde había participado del corte de la E-35, la carretera Panamericana, en el sector conocido como El Chasqui.

“El día de ayer se produjeron actos vandálicos, que están prohibidos por la Constitución y las leyes. Detrás de estos delitos hay autores intelectuales y materiales, que deben responder al pueblo ecuatoriano”, dijo Lasso en su intervención grabada. “Por eso se ha iniciado la detención de los autores intelectuales y materiales, ejecutores de estos actos violentos”, añadió.

Los reclamos

Entre los principales reclamos de la Conaie está la suba del costo de vida, especialmente de los precios de los combustibles, el aumento del costo de la vida, la falta de empleo y control de precios de los productos agrícolas como arroz, banana y leche y la entrega de concesiones mineras en territorios nativos. Con la represión el gobierno del banquero neoliberal Guillermo Lasso busca evitar que se repita la ola de masivas manifestaciones de octubre de 2019.

A su vez, la Conaie exige moratorias de deudas, que frene «la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera» y una «auditoría y reparación ambiental por los impactos socioambientales». Junto a ello, demandan que se respeten derechos colectivos como los deeducación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta libre, previa e informada, y que no se privaticen sectores estratégicos.

Los manifestantes mantenían caminos bloqueados con neumáticos en llamas y barricadas levantadas con tierra, piedras y árboles en al menos siete de las 24 provincias ecuatorianas, incluida la andina Pichincha cuya capital es Quito, de acuerdo con el servicio estatal de seguridad. «Es nuestra manifestación contundente hasta que el gobierno escuche. Hemos visto que las políticas de Guillermo Lasso una vez más nos han afectado», declaró Manuel Cocha, dirigente campesino de Poaló.

En El Chasqui, en la provincia de Cotopaxi y antes de su detención, Iza rcchazó la apertura al diálogo ofrecida por el gobierno y criticó las declaraciones del ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien el sábado había anticipado «una semana de carreteras y pozos petroleros bloqueados, saqueos, secuestros de policías y militares».

El líder indígena reiteró el carácter pacífico de la movilización: «Aquí nadie ha salido a hacer vandalismo, aquí se ha salido a luchar sobre la violencia y el vandalismo económico que ustedes han impuesto», aseguró Iza, quien recordó que este paro indefinido fue convocado tras cumplirse el primer año de Lasso al mando de Ecuador y sin que dieran frutos los distintos momentos en los que el gobierno y la Conaie se han sentado en una mesa a conversar.

 Persecución y amnistía

La Asamblea Nacional concedió el 10 de marzo del 2022 una amnistía a 268 personas, en la que se incluía a dirigentes y miembros de la Conaie, que participaron en los hechos de octubre del 2019. De los 268 amnistiados, 60 pertenecen al caso “judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social de octubre del 2019”; 153 a “defensores de los territorios comunitarios”; 12 a “administración de justicia indígena “; y, 43 a “defensores de la naturaleza”.

Iza estaba dentro del grupo de los investigados por la protesta de octubre del 2019, cuando por 14 días la Conaie tomó Quito para exigir que se baje el precio de los combustibles. En esa época, Iza era el Presidente de la Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi.