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El inédito giro progresista que hoy vive Colombia se debe, por una parte, al largo camino recorrido hasta confluir en el Pacto Histórico y, por otra parte, al Acuerdo de Paz firmado entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) y el Estado, en 2016. A partir de allí, los partidos de izquierda, asediados por décadas, dejaron de ser estigmatizados como actores del conflicto armado. Desde la firma en La Habana a la actualidad los obstáculos no fueron pocos, dado que el saliente gobierno de Iván Duque (2018-2022) falló en la implementación de aspectos clave del pacto alcanzado por su antecesor, Juan Manuel Santos. Esas fallas vinieron acompañadas de un incremento de la violencia, principalmente contra líderes sociales y desmovilizados de la guerrilla. 

La Comisión de la Verdad le entregó a Gustavo Petro su Informe final, que incluye  recomendaciones sobre temas cruciales para alcanzar una paz completa y el electo presidente se comprometió a incluirlas en su programa de gobierno. Para terminar con la violencia de seis décadas, dice la comisión, el diálogo debe ser con todos los actores armados: la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la banda criminal del Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. 

Diálogo con el ELN

Petro adelantó que iniciará un diálogo con el ELN en el que también participará la Iglesia. Saúl Franco, uno de los 11 miembros de la Comisión de la Verdad, señaló a PáginaI12 que tuvo una reunión con el entrante mandatario. "Petro está dispuesto a conversar con el ELN y sabe que es difícil, porque es un grupo complicado para la negociación, hay iniciativas que se truncaron; es una organización guerrillera muy distinta a las FARC, no tiene una cuestión tan jerárquica, tan vertical. Lo tiene claro, pero está dispuesto a jugarse su capital, porque si no hay negociación con ellos no hay paz"

El comisionado además dijo que destacaron otros temas prioritarios. "Pusimos el dedo en el problema de la seguridad nacional. Hubo una seguridad pensada para proteger a ciertos sectores, al gran capital nacional y trasnacional, las elites nacionales; una seguridad pensada para señalar al enemigo interno y perseguirlo. Es parte de un entramado que se tiene que desarmar para una solución posible". 

Asimismo, Franco dijo que señalaron los puntos medulares como la impunidad y la alianza narco-paramilitar. "Si no se resuelve el problema del narcotráfico no hay paz en Colombia. Con el narcotráfico planteamos que no es la solución perseguir al campesino que cultiva coca, o al que la raspa, ni hacerle la vida imposible, ni fumigarle su cultivo. No. Hay que desenredar la madeja en el gran capital trasnacional financiero. A la culebra se la mata por la cabeza".

En el Acuerdo de La Habana se creó un sistema integral de Verdad, Justicia y Reparación con tres partes independientes y complementarias: la mencionada Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que es la encargada de la justicia, y la Unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Se estima que hay 121 mil desaparecidos y que los paramilitares fueron los mayores responsables de las desapariciones forzadas. Se calculan 50 mil secuestrados, en su mayoría a manos de la guerrilla. Históricamente el narcotráfico se alió aleatoriamente con uno u otro grupo armado según su conveniencia. 

Entre mitad de los noventa y el 2005 fue la guerra más dura: el 70 o 75 por ciento de las atrocidades , secuestros, masacres, desapariciones forzadas fueron ahí, sostiene el informe de la Comisión de la Verdad. En el 2002 hubo más de dos mil desplazados diarios. Esa década es considerada la guerra dura. Y fue fundamentalmente contra la población civil: los campesinos fueron carne de cañón del largo conflicto.

Sin embargo, la guerra persiste hoy en zonas de Colombia. En la frontera nororiental donde tiene influencia grande el ELN, se extiende a la región del norte que se llama  Catatumbo, en donde se han concentrado los cultivos y el negocio de la coca; en el norte del Cauca, donde hay una población indígena muy fuerte y ahí también existe la presencia y disputa de actores armados y, también una parte en el Pacífico, que tiene que ver con el tráfico de drogas. Ante la pregunta sobre la presencia paramilitar, el doctor Franco explicó: "Los paramilitares están desmovilizados, pero hay residuos de ellos, hay identidades difusas, junto con los narcotraficantes. Hay reductos del paramilitarismo que siguen activos. El clan del Golfo, por ejemplo, son sin duda nueva forma del paramilitarismo".

Con todo, la falta de voluntad política del gobierno de Duque en la implementación del Acuerdo de Paz derivó en un aumento exponencial de la violencia. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), durante los últimos cuatro años fueron asesinados 957 líderes y defensores de derechos humanos, así como 261 firmantes del pacto.  Hubo además 131 masacres con mil 192 víctimas, 220 casos de desaparición forzada y 545 de desplazamiento, datos que encienden las alarmas de organismos internacionales. Un lastre para el gobierno entrante.