Órganos de seguridad de varios países se contradicen en torno al avión venezolano

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La pretendida incautación definitiva del avión venezolano en suelo argentino, propiedad de la estatal Emtrasur, e igualmente su tripulación, tiene en punto de colisión las versiones de los diferentes órganos de seguridad que han convergido en el caso.

En teoría, los órganos de seguridad son la "fuente fiable" de pesquisas que puedan justificar las decisiones judiciales en Argentina y Estados Unidos, que trazarán el destino de la aeronave Boeing 474-300M y la tripulación, tanto venezolana como iraní.

Lo complicado de este caso es que está claramente intervenido por fines políticos, y este factor ha amañado de maneras multidireccionales las versiones de los órganos de seguridad, generando contradicciones.

¿Hay indicios de terrorismo? ¿Hay pruebas de espionaje? ¿Hay razones probadas que justifiquen la retención de la aeronave y la tripulación por estas razones? Hasta ahora no hay pruebas sólidas.

Lo que han dicho los entes de seguridad y funcionarios argentinos

A mediados de junio, la aeronave fue objeto de una requisa, la cual presenciaron dos tripulantes de esta. La acción fue realizada por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), quienes realizaron el procedimiento con perros antidrogas y anti explosivos.

"El personal de la PSA realizó una exhaustiva requisa con gran nivel de detalle sobre todos los espacios disponibles de la nave, e incluso los efectos personales de la tripulación que habían quedado allí", refirió el medio Clarín. Para el momento, se habían tomado los datos personales, huellas, captura de rostros y teléfonos de la tripulación, que fueron sometidos a peritaje para extraer sus datos.

Durante esa etapa de las investigaciones, no había sumario (secreto) por el caso y conviene agregar que no se revelaron indicios de actividad criminal alguna.

Buena parte del argumentario sobre presuntas actividades "terroristas" se basa en el nombre de un tripulante iraní en la aeronave, Gholamreza Ghasemi, de nacionalidad iraní, quien comparte el mismo nombre que el de un integrante de las fuerzas Al Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. Pero no se trata de la misma persona.

Sin embargo, el gobierno ejecutivo argentino había afirmado públicamente que solamente había una coincidencia de nombre. "Tiene la condición de homónimo, no otra cosa", dijo a la prensa el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

La Policía federal, bajo responsabilidad del gobierno Ejecutivo también realizó investigaciones a la aeronave y su tripulación. El 17 de junio, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, aseguró que "el análisis de la Policía Federal es que no hay ninguna relación específica con organizaciones terroristas".

Paraguay también existe

La fiscal general del Estado de Paraguay, Sandra Quiñonez, dispuso la apertura de una investigación para indagar sobre los hechos relacionados al avión venezolano retenido y determinar las conductas que "pudieran tener relevancia penal".

Para el 21 de junio, el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez se pronunció al respecto. "El Gobierno Nacional, cumpliendo su obligación de denunciar ante la justicia, presentará elementos relativos al caso del avión iraní, esperando que los hechos sean investigados y esclarecidos", indicó.

Los funcionarios de la nación guaraní aluden a un aterrizaje del avión en ese país con el fin de llevar una carga de cigarrillos a Aruba, que había sido declarada por Emtrasur en un proceso que transcurrió normalmente el día 13 de mayo. La aeronave había cumplido con todos los requisitos de ley en Paraguay, incluyendo una revisión de su carga. Sin embargo, los funcionarios paraguayos refieren que el vuelo fue "sospechoso".

Sobre el piloto iraní, que ha estado en el centro de la polémica, los paraguayos se pronunciaron.

"De acuerdo a lo que nosotros sabemos, y nos confirmaron agencias aliadas, se trata de una persona vinculada a Al Quds. Sin ninguna duda. No es parecido, no es homónimo ni nada, es la persona. Y eso sin ninguna duda per se ya es preocupante", afirmó el Secretario Nacional de Inteligencia (SNI) de Paraguay, Esteban Aquino.

Aquino no aclara si esas agencias son precisamente las estadounidenses, que son las únicas que señalan al piloto.

El Mossad da su opinión

Aunque las denuncias sobre la aeronave fueron detonadas por miembros de la comunidad hebrea en Argentina y alentadas por la embajada de "Israel" en ese país, el servicio de inteligencia israelí Mossad ha diferido en torno a varios elementos.

El medio argentino Página/12 indicó que el responsable para América Latina del Mossad contactó con funcionarios del gobierno nacional y les señaló que "no tiene objeciones con el avión de Emtrasur".

"Efectivamente cuando estuvo en manos iraníes se utilizó para traficar armas, pero no tenemos ninguna evidencia de alguna actividad terrorista desde que lo compró la venezolana Conviasa, en julio de 2021. Tampoco tenemos una acusación contra el piloto, Gholamreza Ghasemi. Ocupaba un cargo gerencial en materia comercial en Mahan Air. No somos nosotros (el Mossad) el que empuja las sospechas: es otra embajada", comentó en alusión a los estadounidenses.

El FBI ve "terroristas" en todas partes

A solicitud del juez Federico Villena, responsable del Juzgado de Lomas de Zamora en la Provincia de Buenos Aires, donde está secuestrada la aeronave y su tripulación, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) emitió un informe justificando la retención.

Según la inteligencia estadounidense, el referido piloto iraní sí es un "terrorista" colaborador de Hizbullah.

Esta es la única agencia que asegura la supuesta identidad del piloto (recordemos que seguramente esta es la fuente de los paraguayos).

El informe refiere, según Página/12, que Gholamreza Ghasemi, además de piloto, es CEO y miembro del directorio de la aerolínea Qeshm Fars Air, cuyas actividades vinculan con la fuerza Al Quds y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní y Hizbullah.

Lo tristemente relevante de este caso es que el juez Federico Villena ha delegado en la justicia estadounidense, a un Tribunal en Columbia y al FBI, las investigaciones del caso, poniendo el destino de la tripulación y de la aeronave a los designios de los servicios de "inteligencia" estadounidense.

En Iraq, por ejemplo, aún perdura el lamentable legado de los llamados "informes de inteligencia" que referían la existencia de "armas de destrucción masiva". Argumentario con el cual se demolió a un país entero y por lo cual murieron más de un millón de iraquíes.

Venezuela también conoce de fallidos informes estadounidenses, también señalando a Irán. En 2020, Elliott Abrams, el llamado Representante Especial del Departamento de Estado para Venezuela durante la Administración Trump, indicó que Venezuela estaría instalando misiles iraníes apuntando a Estados Unidos y aseguró que su país lo evitaría a toda costa, justificando una intervención militar.

El aterrizaje de un avión de la empresa iraní Mahan Air en la península de Paraguaná habría sido el "indicio" de tal operación. Luego se supo que los iraníes habían llevado repuestos para las refinerías venezolanas en Paraguaná y el asunto fue olvidado.

Con tales capacidades de falseo de información, es evidente que para los estadounidenses es muy fácil fabricar una falsa identidad de una persona para justificar el robo de una aeronave tipo Jumbo o el encarcelamiento de personas inocentes.

En todo caso, las contradicciones entre los entes de seguridad parece ser lo menos relevante en una operación de pillaje internacional a gran escala, como la que Estados Unidos ha articulado contra Venezuela en los últimos años en franca violación del derecho internacional y contando con la complicidad de empresas y gobiernos de varios países.