Lunes 6 de junio de 2022. El avión Boeing 747-300M, matrícula YV3531 de la empresa venezolana Transportes Cargo del Sur (Emtrasur), filial de la compañía pública Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), arriba a Buenos Aires, Argentina, desde Querétaro, México, luego de pasar provisoriamente por la ciudad de Córdoba, con una carga de autopartes para la empresa Volkswagen Argentina.
Debido a las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela, la empresa Shell se niega a cumplir con el contrato, anteriormente prepagado, para surtir combustible a la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
8 de junio. La tripulación decide volar a Uruguay para cargar combustible. Cerca del espacio aéreo uruguayo, el gobierno de ese país decide revocar el permiso, obligando al avión a retornar a Buenos Aires.
Nuevamente en Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones retiene los pasaportes de la tripulación y autoriza su estancia provisoria, lo que no implica su ingreso legal al país. Ese mismo día se inspecciona la carga y el avión en general, pero las autoridades no encuentran ningún hallazgo de interés.
11 de junio. El abogado Rafael Resnick Brenner le presenta al juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, un hábeas corpus en representación de los 19 tripulantes detenidos, pidiendo que disponga la restitución del Boeing 747-300M a la empresa venezolana Emtrasur, devuelva los pasaportes y permita el aprovisionamiento de combustible para que pueda regresar a Venezuela.
12 de junio. Los diputados Gerardo Milman (Juntos por el Cambio) y Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) presentan una denuncia ante el juez Federico Villena, "para que se investigue a los titulares de todos los organismos involucrados [estatales argentinos] y se obtengan los datos dactilares de la 'tripulación' involucrada" en el caso. Alegan que existe una conexión entre los tripulantes iraníes y supuestos sospechosos responsables del atentado de la AMIA de 1994.
Ese mismo día, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) comunican conjuntamente que "exigen el total esclarecimiento de la situación generada por el avión venezolano".
13 de junio. El juez Federico Villena ordena a la Dirección Nacional de Migraciones prolongar la retención de pasaportes por 72 horas y acepta a la DAIA como querellante de la causa.
Luego, la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, requiere que se investigue el caso del avión venezolano secuestrado en Ezeiza. El expediente queda bajo secreto de sumario.
14 de junio. El juez Villena ordena el allanamiento del hotel donde se encontraba la tripulación, les toman sus huellas dactilares y se retienen sus teléfonos celulares.
15 de junio. Agustín Rossi, jefe de la AFI (servicio de inteligencia argentino), asevera que "No hay ningún dato que permita afirmar que hay una amenaza terrorista" con respecto al avión venezolano en Ezeiza, y añade: "El motivo del viaje del avión está justificado, el contrato está en orden".
16 de junio. La embajada israelí en Argentina manifiesta su "preocupación" por los tripulantes iraníes del Boeing 747 y "el Estado de Israel considera que la postura firme de Argentina constituye un mensaje importante a Teherán para que no vuelva a intentar actuar en suelo argentino ni en ningún otro país de la región".
17 de junio. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, asegura: "El análisis de la Policía Federal es que no hay ninguna relación específica con organizaciones terroristas".
18 de junio. El juez Villena no encuentra ninguna evidencia que relacione a la tripulación con actos de terrorismo islámico o espionaje ilegal, a partir del contenido de los teléfonos y documentos retenidos en el allanamiento.
Luego de esa remisión, la fiscal Incardona avanza con las imputaciones por supuestas actividades relacionadas con el terrorismo contra el ciudadano iraní Gholamreza Ghasemi, pero también se incluye en las imputaciones al resto de la tripulación.
21 de junio. El abogado Hernán Carluccio, en representación de Emtrasur, reclama la devolución del avión, argumentando que la aeronave fue comprada a la compañía iraní Mahan Air y que el vuelo a Argentina formaba parte de los planes de instrucción a la tripulación venezolana, un procedimiento regular en este tipo de adquisiciones.
Ese mismo día, en un dictamen presentado ante el juez Villena, la fiscal Incardona resalta la necesidad de proseguir la investigación para determinar si el tripulante Ghasemi Gholamreza está vinculado con actividades asociadas al terrorismo internacional.
27 de junio. El juez Villena autoriza, por falta de pruebas contundentes, la devolución de los teléfonos a los 14 venezolanos de la tripulación, pero retiene los dispositivos de los cinco tripulantes iraníes.
Ese mismo día, un grupo de 12 senadores del Partido Republicano le pide al fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, que "responda y ayude con prontitud a la Argentina" para investigar al avión de Emtrasur.
18 de julio. En un comunicado, la DAIA, a 28 años del atentado a la sede de la AMIA, hace especial énfasis en el caso aún no resuelto del avión venezolano.
19 de julio. El Tribunal del Distrito de Columbia (Washington, D.C.), encabezado por el juez Michael Harvey, emite una orden de incautación del Boeing 747 de Emtrasur, justificando que "el avión está sujeto a decomiso en base a violaciones de las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos relacionadas con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air". El tribunal esgrime que desde 2008 el Departamento de Comercio de Estados Unidos emitió "una orden de denegación que prohíbe a Mahan Air participar en cualquier transacción que involucre cualquier producto exportado de Estados Unidos".
En paralelo, el Departamento de Comercio emite una "orden de denegación temporal" que suspende por 180 días los privilegios de importación de carga de Emtrasur para adquirir "la custodia o el control" del Boeing 747-300M.
25 de julio. El juez Villena ordena liberar la carga (autopartes de Volkswagen) del avión de Emtrasur.
29 de julio. La fiscal Incardona se opone al pedido de la defensa para tramitar la salida del país de la tripulación.
2 de agosto. El juez Villena autoriza la salida de Argentina y devolución de pasaportes a 12 de los tripulantes, 11 venezolanos y un iraní.
Ese mismo día, el Departamento de Justicia de Estados Unidos transmite una solicitud a las autoridades argentinas para la incautación del avión Boeing 747, orden proveniente del Tribunal del Distrito de Columbia.
8 de agosto. La fiscal Incardona apela el fallo del juez Villena, obstaculizando la salida del país de la tripulación, y la resolución pasa a la Cámara de la Plata.
9 de agosto. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, acusa a la fiscal Incardona de "recibir instrucciones de la embajada de Estados Unidos" y añade que "no hay jueces independientes en Argentina que convoquen a esa fiscal Cecilia Incardona para preguntarle qué hacía en la embajada de Estados Unidos".
10 de agosto. La defensa de Emtrasur vuelve a apelar la decisión de mantener a los 19 tripulantes en Argentina, exigiendo nuevamente su liberación. Según Télam, estas apelaciones se resolverán en la Cámara Federal de La Plata.
Ese mismo día, la DAIA en un comunicado condena la afirmación del presidente venezolano Nicolás Maduro de que la causa AMIA es un "falso positivo" para criminalizar a Irán y reafirma la versión del fallecido fiscal Alberto Nisman.
11 de agosto. En el marco del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con Estados Unidos aprobado por la ley 24.034, el juez Villena hace lugar al pedido de Estados Unidos de incautar el avión venezolano retenido en Ezeiza. En el operativo participa el FBI.
Más temprano, de acuerdo a Télam, la fiscal Incardona había dictaminado que era "formalmente procedente" el reclamo de la Justicia de Estados Unidos de incautar el Boeing 747-300M de Emtrasur.
Ese mismo día, la DAIA comunica su apoyo a las acciones de la fiscal Incardona.
También, una comisión de parlamentarios de la Asamblea Nacional de Venezuela entrega a la embajada de Argentina en Caracas un reclamo oficial en el que se exige la inmediata devolución del avión y la liberación de sus 19 tripulantes.

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