Si Brasil se juega su futuro político en las elecciones presidenciales del 2 de octubre, su modelo económico de agronegocios en la Amazonia se discute todos los días. La depredación forestal de este vergel del planeta no tiene ese único costado para analizar: el daño medioambiental. En todo caso, ésa es la consecuencia de la política que propicia el gobierno de Jair Bolsonaro. Su proyecto estrella es el llamado Ferrogrão o tren del grano que recorrerá la foresta en un tramo de 933 kilómetros y conectará el norte del estado de Mato Grosso con el puerto de Miritituba en el vecino Pará. Se trata de sacar el poroto de soja de esa región – el país es el principal productor mundial – hacia el Atlántico y a un costo menor que el generado por los camiones. Pero esa, más otras obras de infraestructura, requieren de capitales y el rol activo del Estado que por ahora controla el militar y los altos oficiales que lo colonizaron en masa. Lo que no se conoce demasiado – al menos fuera del mundo de las finanzas – es quiénes costean el camino hacia El Dorado transgénico donde las que más ganan son las grandes corporaciones estadounidenses Cargill y Bunge, más la brasileña Amaggi.

En un informe de la Internacional Progresista (IP) titulado La financiación detrás del lobby de la agroindustria brasileña, que se publicó el 1° de septiembre, aparecen encabezando la lista de aportantes JP Morgan Chase, Bank of America y el fondo BlackRock, cada uno con "mil millones de dólares invertidos en la red de financiadores del ganadero”. El encabezado del trabajo además menciona a otras empresas como “Suzano, JBS, Marfrig, Cargill y ADM, gigantes del agronegocio que ejercen su poder corporativo para influir en la política brasileira contra los intereses ambientales, campesinos, indígenas y de las masas trabajadoras de todo el Brasil”.

La internacional Progresista es una organización que integran, entre otros y otras, el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro; el intelectual estadounidense Noam Chomsky; el expresidente de Ecuador, Rafael Correa; el exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera; el exjuez español Baltazar Garzón; el excanciller de Lula, Celso Amorim; la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; más la exembajadora argentina en Venezuela, Alicia Castro. La información del primer día de este mes se basa en investigaciones y datos de dos plataformas: De Olho nos Ruralistas (un observatorio del agronegocio que significa algo así como Vigilando a los ruralistas) y Florestas & Finanças (Bosques y finanzas), que aporta estadísticas sobre operaciones multimillonarias en actividades de alto impacto ambiental, como la agricultura y la minería.

Entre 2019 y 2021 –dice la investigación– “los bancos transnacionales y los fondos de inversión aportaron más de 27 mil millones a empresas que forman parte de la cadena de fondeo del Instituto Pensar Agro (IPA) integrado por el grupo de expertos detrás del Frente Parlamentario del Agro o (FPA)”. La llamada bancada ruralista con fuerte poder de lobby y aliada del mandatario ultraderechista.

En otro trabajo publicado el 19 de julio pasado por la IP, ya se anticipaba sobre el Ferrogrão: “La función principal del megaproyecto ecocida, de 1.700 millones de dólares, será un regalo corporativo para gigantes del agronegocio como Cargill, Amaggi y Bunge, reduciendo los costos de exportación de productos básicos y llevando la deforestación al límite”.

El objetivo que no se percibe tanto de estos operadores financieros y las corporaciones alimenticias es el desmantelamiento de las regulaciones medioambientales en Brasil. En Florestas & Finanças donde se publican informes a escala planetaria de estos jugadores globales aparecen mencionados fondos de la India, Malasia, China, Japón y los ya citados de EE.UU. a los que debe agregarse otro actor clave del mundo buitre, el Vanguard Group.

De toda la información disponible en estas plataformas que siguen al agronegocio se desprende que entre 2019 y 2021 el principal receptor de capital extranjero fue Suzano, la fábrica de celulosa más grande del mundo. Esta papelera es producto de la fusión de las dos compañías brasileñas Suzano Papel&Celulose y Fibria Celulose. El año pasado anunció una millonaria inversión en la construcción de una nueva planta de celulosa en Mato Grosso do Sul. Puede producir 2,3 millones de toneladas anuales de pulpa de eucalipto.

Según De Olho nos Ruralistas, de 2019 a 2021, “el grupo liderado por la familia Feffer recibió 14 mil 30 millones de dólares de bancos y fondos de inversión globales, el equivalente al 51,9 por ciento del total invertido en empresas asociadas a IPA en el período. Los principales patrocinadores de la empresa fueron Bank of America (791 mil 300 millones), JP Morgan Chase (774 mil 800 millones) y BlackRock (525 500 millones)”. Otro dato: en julio de este año la empresa cotizaba en la Bolsa de Brasil a 63 mil millones de reales.

La organización ecologista Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales denunció en 2020 su modus operandi: “El gigante de la celulosa Suzano S.A busca expandir sus plantaciones de eucalipto en Brasil aplicando una táctica clave: presentarse como una empresa que logra la ‘conservación’ y la ‘restauración’, ocultando así su desastroso historial con los bosques y sus poblaciones”. Además del sector maderero, la compañía también tiene presencia en los mercados de plaguicidas y semillas transgénicas por medio de su filial FuturaGene.

La principal beneficiaria de los fondos buitre y la banca transnacional en Brasil, blanco de protestas en su momento del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), según el informe de la IP “es conocida por la participación de sus directores, los hermanos David y Daniel Feffer, en el financiamiento de movimientos de la llamada nueva derecha en Brasil. Daniel es uno de los fundadores del Instituto Millenium, junto al Ministro de Economía, Paulo Guedes. Su hermano David participó, en 2007, en la creación del Instituto de Formación de Liderazgo, uno de los organizadores del Foro Libertad y Democracia, junto a José Salim Mattar Junior, propietario de la empresa de alquiler de coches Localiza Hertz y exsecretario general de Privatización en el gobierno de Bolsonaro”.

Por varias de estas razones el futuro de la Amazonia es uno de los temas de mayor proyección en la agenda informativa de Brasil y del mundo todo. Su impacto supera la cuestión medioambiental. Es también económico, social y político.