El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo estaba sentado en su despacho en el que sería el último día de su presidencia de Perú. Sus abogados revisaban las hojas de cálculo que mostraban que Castillo triunfaría sobre una moción en el Congreso para destituirlo. 

Esta iba a ser la tercera vez que Castillo se enfrentaba a una impugnación del Congreso, pero sus abogados y asesores -entre ellos el ex primer ministro Aníbal Torres- le dijeron que tenía ventaja sobre el Congreso en las encuestas de opinión (su índice de aprobación había subido al 31 por ciento, mientras que el del Congreso era de apenas el 10 por ciento).

Desde hacía un año, Castillo estaba sometido a una enorme presión por parte de una oligarquía que no veía con buenos ojos a este antiguo profesor. 

Por sorpresa, el 7 de diciembre anunció a la prensa que iba a "disolver temporalmente el Congreso" y a "establecer un gobierno excepcional de emergencia". 

Esta medida selló su destino. Castillo y su familia corrieron hacia la Embajada de México, pero fueron detenidos por los militares en la Avenida España antes de que pudieran llegar.

¿Por qué Pedro Castillo dio el paso fatal de intentar disolver el Congreso cuando estaba claro para sus asesores –como Luis Alberto Mendieta– que se impondría en la votación de la tarde?

La presión pudo con Castillo, a pesar de la evidencia. Desde su elección en julio de 2021, su oponente en las elecciones presidenciales, Keiko Fujimori, y sus asociados trataron de bloquear su ascenso a la presidencia. Ella trabajó con hombres que tienen estrechos vínculos con el gobierno de Estados Unidos y sus agencias de inteligencia. 

Un miembro del equipo de Fujimori, Fernando Rospigliosi, por ejemplo, había intentado en 2005 implicar a la embajada estadounidense en Lima contra Ollanta Humala, que concurrió a las elecciones presidenciales peruanas de 2006. 

Vladimiro Montesinos, exagente de la CIA que cumple condena en una prisión de Perú, envió mensajes a Pedro Rejas, excomandante del ejército peruano, para que fuera "a la embajada de Estados Unidos y hablara con el oficial de inteligencia de la embajada", e intentara influir en las elecciones presidenciales peruanas de 2021. 

Justo antes de las elecciones, Estados Unidos envió a una antigua agente de la CIA, Lisa Kenna, como embajadora en Lima. Se reunió con el ministro de Defensa de Perú, Gustavo Bobbio, el 6 de diciembre y envió un tuit de denuncia contra la medida de Castillo de disolver el Congreso al día siguiente (el 8 de diciembre, el gobierno estadounidense –por medio de Kenna– reconoció al nuevo gobierno de Perú tras la destitución de Castillo).

Una figura clave en la campaña de presión fue Mariano Alvarado, oficial de operaciones del Grupo de Asesoría y Asistencia Militar (MAAG), que funciona efectivamente como agregado de Defensa de Estados Unidos. 

Funcionarios como Alvarado, en estrecho contacto con los generales militares peruanos, les dieron luz verde para actuar contra Castillo. 

La última llamada telefónica que Castillo tomó antes de abandonar el palacio presidencial provino de la Embajada de Estados Unidos. Es probable le advirtieran que huyera a la embajada de una potencia amiga, lo que le hacía parecer débil.