La República Islámica de Mauritania (RIM) ha conseguido mantenerse fuera del radar de los muyahidines a pesar de encontrarse muy próxima, geográficamente, al epicentro de la invasión de khatibas integristas vinculadas al Daesh y a Al-Qaeda que asolan desde hace más de una década el norte de Mali y se han expandido a Burkina Faso, Níger y ahora, a toda marcha, avanzan hacia los países del Golfo de Guinea, provocando miles de muertos y millones de desplazados.

Aunque sí, Mauritania ha sufrido ataques terroristas, el primero registrado en junio de 2005 con una operación ejecutada por el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), integrado ahora en Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) que entonces atacó un cuartel del ejército en Lemgheity, en las proximidades de las fronteras con Argelia y Malí. En dicho asalto murieron al menos 17 militares mauritanos y nueve muyahidines. Ese ataque, hasta la fecha, es considerado como el más letal en la historia del país, al que le siguieron, esporádicamente, al menos una media docena más, el último se produjo en diciembre de 2011.

Según algunas fuentes existiría un pacto de no agresión entre el AQMI y las autoridades mauritanas que constaría entre los documentos secuestrados por las fuerzas especiales norteamericanas tras el allanamiento y muerte de Osama bin Laden en su casa Abbottabad (Pakistán), lo que desde Nouakchott siempre se ha negado, arguyendo que el país se ha mantenido libre de ataques gracias a la capacidad de sus fuerzas de seguridad. Si bien es cierto que el país atlántico ha implementado conceptos multidimensionales combinando medidas preventivas y duros castigos y atacando las bases de los factores que alientan el desarrollo y la propagación del terrorismo. Ha implementado severos castigos contra los sospechosos de terrorismo, que incluyen la pena de muerte.

Respecto al descargo mauritano de negar cualquier acuerdo con la conducción de Al-Qaeda, más allá de quien sea su emir, el ascenso del Daesh como el mayor vector del terrorismo integrista musulmán se produjo en 2014. Y de no mediar otro acuerdo quizás haya que dar la razón a Nouakchott de haber encontrado una fórmula sihr (mágica) para contener a los extremistas.

Ese fortuito pacto podría haber saltado por los aires la noche del pasado 5 de marzo de 2023 tras producirse un asalto a la prisión central de Nouakchott, la capital del país, de la que aparentemente escaparon cuatro internos, de los cuales tres fueron asesinados y un cuarto finalmente detenido. Se supo que dos de los ejecutados ya estaban condenados a muerte y los otros dos a espera de juicio acusados de pertenecer a una organización terrorista. Entre los muertos aparece Saleck Ould Cheikh, quien esperaba el cumplimiento de su condena a muerte por el intento de asesinato del expresidente Mohamed Ould Abdel Aziz en 2012.

Cheikh había conseguido fugarse en 2015 y logró llegar a Guinea Bissau, donde fue recapturado y devuelto a Mauritania. El segundo de los condenados a muerte, quien finalmente fue asesinado, habría participado en el ataque al cuartel de Lemgheity en 2005.

Si bien el ataque a la prisión de la capital, que además de los tres presos abatidos provocó otros tres muertos pertenecientes a las fuerzas de seguridad, ciertas circunstancias dejan sospechar que dicha operación pudo ser montada por la inteligencia del presidente Ould Ghazouani, ya que mientras que a un mes de lo sucedido ninguna organización terrorista intentó adjudicarse la operación, ni se apiadó por sus mártires, el presidente Ghazouani ha conseguido un importante rédito político por el rápido accionar de sus hombres, además de alertar y prevenir a la población, que hasta ahora observa como simple espectadora lo que sucede más allá de sus fronteras con las bandas wahabitas. Además este hecho le permitiría a Ghazouani imprimir otra dinámica a la lucha contra el terrorismo y la seguridad general del país, que se encuentra en estado de alerta por otras cuestiones que no tienen que ver con el terrorismo, sino con la cada vez más caldeada situación social, expresada en la creciente diferencia entre las etnias, más allá de las cuestiones económicas.

Yo árabe-yo negro

Por si fueran pocos los problemas de un país pobre como Mauritania, 2,3 millones de personas -el 56,9 por ciento de la población- viven en situación de pobreza multidimensional. Sus casi cinco millones de habitantes se están dirigiendo hacia una severa crisis de características étnicas que podría derivar en una guerra civil. Una situación similar a la que se vive hoy en Túnez no sólo con respecto a los africanos negros, sino también a los negros tunecinos, que representan el 15 por ciento de la población, estimada en poco más de doce millones. 

En Mauritania los distintos grupos étnicos que habitan el país están ahondando sus diferencias, que si bien son de muy larga data parecen haberse profundizado en estos últimos años.

Mientras, los sectores moriscos blancos o beydanes, descendientes de las viejas tribus arabo-bereberes de la región central de Mauritania, que representan el 40 por ciento de la población, ocupan los lugares de preeminencia, fundamentalmente en los estamentos gubernamentales. Los afromauritanos negros provenientes del sur del país, del valle del río Senegal -sus tierras ancestrales- y que representan el 60 por ciento de la población, son marginados de cualquier posibilidad de crecimiento. La gran mayoría de los afromauritanos son considera haratines, esclavos o descendientes de antiguos esclavos, que representan casi el 40 por ciento de la población.

Las grandes diferencias entre negros y árabes, si bien existieron desde siempre, se incrementaron a partir de la independencia de Francia a principio de los años 60, cuando los sectores de poder implementaron la arabización de la sociedad imponiendo su lengua como idioma oficial y poco a poco fueron ocupando todos los estamentos del Estado, incluyendo el ejército, frente a la población mayoritaria de afromauritanos que había gobernado y administrado el país por décadas, incluso desde antes de la independencia.

Los sectores afromauritanos fueron violentamente marginados y apartados del poder con detenciones arbitrarias, deportaciones, asesinatos y desapariciones forzosas que culminaron en 1989 con una deportación masiva de negros.

Desde entonces los sectores “blancos” cuentan con mayores posibilidades de acceder a una condición económica superior al resto de la población negra. Lo mismo respecto a los servicios de salud, educación, a la propiedad de la tierra, préstamos bancarios, cargos gubernamentales, en el escalafón militar y mayor representatividad política. Por lo que para muchos analistas locales lisa y llanamente en la República Islámica de Mauritania se vive de hecho un apartheid disimulado como el que asoló por décadas a la República de Sudáfrica o al que son sometidos los palestinos con descaro y a la luz pública de todo el mundo por el régimen nazisionista que ocupa ilegalmente sus territorios.

Las marcadas diferencias sociales se han comenzado a expresar en las frecuentes protestas del sector más postergado de la sociedad, que ya no se resigna silenciosamente frente a los abusos del poder árabe que ignora de manera flagrante los reclamos de los afromauritanos acerca de indemnizaciones por sus bienes perdidos y confiscados, devolución de propiedades y la identificación y restitución de los cuerpos de los desaparecidos.

De manera casi constante se producen muertes como la del joven activista de origen haratine Souvi Ould Chein, asesinado en el interior de una comisaría de Nouakchott a mediados de febrero, lo que generó nuevas protestas sin lograr que nada se aclare más allá de la intervención presidencial.

Cuestiones similares a este crimen hacen temer a algunos analistas que, en virtud de las acciones segregacionistas contra las comunidades negras, se desemboque en la partición de Mauritania o mucho peor en una guerra civil.

Por ejemplo, si bien en todas las constituciones que se ha dado el país en 1959, 1961 y 1991, han adherido a la “Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU” en las que la esclavitud se encuentra absolutamente prohibida, tal sistema continúa vigente, especialmente en las áreas rurales, donde se calcula que el 20 por ciento de la población está sometido al estado de esclavitud viviendo prácticamente en las mismas condiciones que desde el principio de los tiempos, sin paga ninguna, trabajo extenuante abusos físicos y sexuales, los hijos son separados de sus padres para ser vendidos, a pesar de que Mauritania declaró ilegal la esclavitud en 1981, convirtiéndose en el último país del mundo en hacerlo.

Todavía cientos de miles de personas siguen viviendo bajo esa condición que se hereda a través de la madre, por lo que los hijos nacidos de una madre esclava serán heredados por los hijos del amo. Aunque la mayoría de los haratines de facto son libres, las generaciones de sumisión cargan con ese sino, sin manera de rebelarse, carentes de derecho a la educación y los servicios sociales básicos ignorando la constitución de la República Islámica de Mauritania, donde se define al país como una sociedad multiétnica y multilingüe.

Así todo, la educación nacional se imparte en árabe y francés, ignorando que grandes mayorías del país hablan el halpoulars de los fulani, el sarakhollés de los soninkés y el wolofs, que habla la etnia del mismo nombre.

A los haratines “liberados” al mejor estilo de los dalit indios, les están vedados muchos trabajos, por lo que están obligados a realizar tareas en mataderos o en la recolección de la basura, sin posibilidades de cambiar de ocupación.

Estos sectores sociales se agolpan en barrios marginales de Nouakchott o de ciudades cómo Nouadhibou o Kiffa, mientras otros se agrupan en adwabas, que no son más que slums, en mitad del campo, siempre a tiro de la voluntad de sus antiguos amos. Se entregan a las labores más bajas por la pobreza extrema y los altos niveles de analfabetismo, solo por una cuestión de piel.