Todos vigilados en nombre de la seguridad. Quieren que regrese la Ley Patriota (Patriot Act), ahora para el control de la aldea digital, y como suele ocurrir cuando Estados Unidos se prepara para la guerra, hay todo tipo de distracciones y se apunta a un adversario evanescente, casi metafísico. En los últimos días ese enemigo es TikTok y da la impresión de que la plataforma, con sus 150 millones de usuarios estadunidenses, tiene los días contados.

Mientras se discute hasta el aburrimiento la suerte de TikTok en Estados Unidos, un plan siniestro tiene impulso bipartidista y apoyo en la Casa Blanca, y avanza con escasa atención de la prensa: la “Ley de restricción de la aparición de amenazas de seguridad que ponen en riesgo la tecnología de la información y las comunicaciones” o la ley Restrict, por sus siglas en inglés.

El proyecto legislativo, presentado en marzo por el senador demócrata Mark Warner (Virginia) y el senador republicano John Thune (Dakota del Sur), no menciona a TikTok en sus 55 páginas. Sin embargo, aprovecha el fantasma del espionaje chino para naturalizar la vigilancia digital a niveles sin precedente y otorgar a un panel ejecutivo designado un poder enorme para censurar Internet.

El texto propone dar facultades al Departamento de Comercio para penalizar a estadounidenses y extranjeros que usen plataformas y servicios digitales de entidades ligadas con los actuales enemigos favoritos de Washington: China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Venezuela y Cuba (¡no faltaría más!). Violar esta ley supondría “sanciones de hasta 250 mil dólares o el doble del valor de la transacción que sirvió de base a la orden [...], y sanciones penales de hasta un millón de dólares y 20 años de prisión”.

La filosofía de este proyecto de ley invierte de hecho la pirámide de la información secreta: los servicios de inteligencia no arrancarían sus investigaciones a partir de un blanco sospechoso, sino de una masa de metadatos. En otras palabras, todo el mundo sería espiado hasta que apareciera el sospechoso.

El texto contiene ambigüedades irritantes y resbaladizas que pueden hacer de cualquier inocente un culpable en potencia, y justificaría el rastreo de todo artefacto usado por estadunidenses o extranjeros que almacenen datos en línea: “Aplicaciones de escritorio, móviles, de juegos, basadas en web, software, hardware, redes inalámbricas de área local, redes móviles, pagos por satélite” y más de una docena de otros dispositivos, según el proyecto de ley.

Esto significa que los burócratas del Gobierno tendrían amplia autoridad para acusar a cualquiera de “riesgo para la seguridad nacional” y restringir el acceso a las plataformas que deseen (incluidos procesadores de pago para criptomonedas y bitcóin), además de recopilar información sin pasar la formalidad de una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA), gracias a una breve cláusula escondida en la letra pequeña del proyecto. En otras palabras, pocos controles judiciales y mucha vigilancia.

Warner y otros patrocinadores han dicho que TikTok sería el primer objetivo si el proyecto se convirtiera en ley, pero obviamente ahí no terminaría la cacería. La legislación intenta golpear a la competencia de las multinacionales de EU –estas últimas ni se mencionan, a pesar de que controlan 80 por ciento de los datos de los usuarios de Internet en el planeta y sus prácticas monopólicas son escandalosas–. Arrasaría con derechos fundamentales de los estadunidenses, como ocurrió en 2001 con la Ley Patriota, que dio carta blanca al Ejecutivo y a sus agencias para registrar los historiales médicos, las declaraciones de impuestos, las transacciones financieras, o para ejecutar el seguimiento de ciudadanos sin advertirles, en nombre de la guerra contra el terrorismo.

Quedó por escrito en el famoso memorando que redactó John Yoo, entonces asesor jurídico del ministro de Justicia, John Ashcroft, que era perfectamente legal detener a sospechosos de terrorismo, retenerlos y torturarlos o hacerlos desaparecer por la CIA en cualquier parte del mundo. Como comandante en jefe, el presidente podía usar los “métodos y medios para confrontar al enemigo” que considerara apropiados, desestimando el derecho nacional e internacional que prohibía la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. En eso llegaron Julian Assange y Edward Snowden, a quienes la denuncia del terrorismo en la guerra contra el terrorismo les ha costado carísimo –al primero más que al segundo–, pero siguen siendo un grito de advertencia contra la impunidad del poder sustentado en las tecnologías del control y la vigilancia.

La “guerra contra el terrorismo”, en su versión 2.0, es el estado policial digital, advirtió Assange hace casi una década. “Ley Patriota con esteroides”, proclama ahora el periodista Rae Hodge, de Salon.com. Tal como van las cosas, termine o no en ley el proyecto Restrict, sabemos que Washington busca desesperadamente poner el último clavo en el ataúd de la ciberutopía, el sueño de que Internet favorece más a los oprimidos que a los opresores.