El 22 de marzo, Al Mayadeen English detalló las conclusiones de una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el uso sistemático por parte de "Israel" de la violencia sexual, reproductiva y otras formas de violencia de género desde el 7 de octubre de 2023.

Esta investigación se centró principalmente en las atroces violaciones y abusos sexuales a gran escala de detenidos palestinos, hombres y mujeres, en las cárceles de la Fuerza de Ocupación Sionista (FOZ), un fenómeno tan generalizado que solo puede ser una política dedicada y decidida, aprobada y dirigida por las más altas esferas del gobierno israelí.

Para reforzar esta horrorosa conclusión, el informe de la Comisión contiene pasajes impactantes que acusan inequívocamente a la entidad sionista de cometer deliberadamente "actos genocidas" en Gaza, consciente e intencionadamente "calculados para provocar la destrucción física del pueblo palestino". Los detalles proporcionados son irresistiblemente persuasivos y señalan que "Israel" está incumpliendo flagrantemente tanto el Estatuto de Roma como la Convención sobre el Genocidio. En un mundo verdaderamente justo, la omertà masiva de los grandes medios de comunicación ante esta sentencia histórica constituiría en sí misma un acto criminal.

Desde el 7 de octubre de 2023, ha quedado indiscutiblemente claro que la entidad sionista está cometiendo genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. A pocos días del estallido del atroz ataque de "Tel Aviv" contra el campo de concentración al aire libre, el historiador israelí Raz Segal, profesor titular en el estudio del genocidio moderno, calificó la campaña de la ZOF como "un caso clásico de genocidio". Organizaciones de derechos humanos tradicionales han reiterado la acusación. Incluso algunos medios de comunicación, que han blanqueado de forma abrumadora el Holocausto del siglo XXI en "Tel Aviv", reconocen esta realidad .

Sin embargo, hasta la fecha, ninguna organización internacional importante ha inculpado formalmente a la entidad sionista de genocidio. Si bien en una reunión del Comité de la ONU para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, celebrada el 31 de octubre de 2024, participaron varios "expertos" que declararon categóricamente que las acciones de "Israel" en Gaza eran genocidas, la organización no respaldó oficialmente sus opiniones. Mientras tanto, una demanda interpuesta por Sudáfrica contra "Tel Aviv" ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)en diciembre del año anterior ha tenido resultados dispares.

El 26 de enero de 2024, la CIJ emitió un fallo provisional que ordenaba a la entidad sionista tomar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier acto contrario a la Convención contra el Genocidio, pero no exigió un alto el fuego. El 20 de mayo de ese año, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció que solicitaba órdenes de arresto internacionales contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza desde, al menos, el 8 de octubre de 2023.

Desde entonces, Netanyahu ha viajado libremente por el mundo y se ha reunido con líderes de gobiernos extranjeros, a pesar de las exigencias de la CPI para que las autoridades locales arresten al primer ministro israelí y lo entreguen a La Haya. Numerosos funcionarios occidentales han declarado abiertamente que no acatarán la orden de la Corte. Sin embargo, ahora que la ONU ha acusado abiertamente a la entidad sionista de genocidio, tal intransigencia podría desmoronarse. La Convención sobre el Genocidio impone a todos los signatarios el deber de prevenir el genocidio, incluso mediante la extradición de sospechosos. Quienes incumplan esta obligación se convierten en legalmente culpables.

'Sólo inferencia'

Las secciones del informe de la Comisión de la ONU que presentan una acusación explícita de genocidio contra la entidad sionista documentan el bombardeo por parte de las Fuerzas de Zouan (ZOF) en diciembre de 2023 del Centro de FIV Basma, la clínica de fertilidad más grande de Gaza. El ataque destruyó alrededor de cuatro mil embriones, así como mil muestras de esperma y óvulos no fecundados. Esto equivalía a todo el material reproductivo almacenado en el laboratorio. El ataque de las ZOF también privó a las instalaciones de nitrógeno líquido, vital para mantener fríos los tanques de almacenamiento y preservar su contenido para su uso futuro.

La Comisión determinó, mediante el análisis visual de imágenes del lugar de los hechos, que los extensos daños sufridos en el exterior e interior del edificio fueron causados ​​por un proyectil de gran calibre. Muy probablemente, se trató de un proyectil disparado desde un tanque de las Fuerzas de Protección Zoológica (ZOF). La clínica era un edificio independiente, con su nombre claramente marcado, y no había pruebas de que esta clínica de FIV fuera un objetivo militar legítimo. Por lo tanto, la Comisión concluyó que las ZOF atacaron y destruyeron intencionalmente la clínica de FIV Basma, el principal centro de fertilidad de Gaza.

La Comisión concluye que la destrucción de la clínica de FIV Basma fue una medida destinada a impedir los nacimientos entre los palestinos de Gaza, lo cual constituye un acto genocida según el Estatuto de Roma y la Convención sobre el Genocidio. La Comisión también concluye que esto se hizo con la intención de destruir a los palestinos de Gaza como grupo, total o parcialmente, y que esta es la única conclusión que razonablemente podría extraerse de los actos en cuestión.

La determinación de que "Israel" está cometiendo genocidio en Gaza se reitera en partes del informe de la Comisión que explican cómo la destrucción del Centro de FIV Basma no fue un hecho aislado ni el resultado de una ofensiva relámpago indiscriminada. Se determinó que la ZOF había "atacado y destruido intencional y sistemáticamente centros de salud reproductiva y materna en toda Gaza, incluyendo maternidades y pabellones de maternidad de hospitales". Estos "ataques directos a la salud reproductiva y materna... resultaron en muertes y causaron graves daños físicos y mentales a los palestinos".

La Comisión declara que la única inferencia razonablemente posible de la devastación deliberada por parte de la ZOF de la atención de salud reproductiva, la infraestructura y las instalaciones que brindan servicios esenciales para la supervivencia y reproducción de la población de Gaza demuestra la intención de destruir a los palestinos en Gaza, total o parcialmente; en otras palabras, genocidio. Además, se determinó que la entidad sionista violó con dicha conducta la norma del derecho internacional humanitario consuetudinario que otorga protección especial a las mujeres y los niños en los conflictos armados.

'Todos los medios'

La Comisión enmarca los actos genocidas de la ZOF como parte de una campaña más amplia y coordinada, cuyo objetivo específico es infligir una miseria inimaginable a mujeres embarazadas, madres primerizas y recién nacidos. Estas personas se vieron particularmente afectadas por el asedio israelí a Gaza, bajo el cual "Tel Aviv" controla estrictamente la entrada, el contenido y la cantidad de asistencia humanitaria permitida. Esto incluye medicamentos y equipos necesarios para garantizar embarazos, partos y atención neonatal seguros, pero también artículos básicos indispensables para la supervivencia humana, como alimentos, agua, medicamentos y refugio. 

Mientras tanto, las autoridades de las entidades sionistas han negado sistemáticamente a los palestinos que necesitan atención médica urgente —incluidos los pacientes con cáncer ginecológico— la autorización para salir de Gaza y buscar tratamiento en otro lugar. Por lo tanto, las mujeres embarazadas sufrieron numerosos problemas, como complicaciones evitables y la falta de acceso a servicios de salud reproductiva. Se vieron obligadas a tener partos inseguros por no poder acceder a los hospitales y a partos dolorosos sin acceso a analgésicos ni medicamentos adecuados, lo que les causó daños reproductivos y un prolongado sufrimiento físico y mental.

Los daños reproductivos a mujeres embarazadas, en posparto y lactantes constituyen… el crimen de guerra de causar deliberadamente gran sufrimiento o daños graves a la integridad física o la salud… El daño a las mujeres embarazadas, lactantes y madres primerizas es de una magnitud sin precedentes en Gaza. Además, la falta de acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva ha causado daños y sufrimiento físico y mental inmediatos a mujeres y niñas, lo que tendrá efectos irreversibles a largo plazo en la salud mental y las perspectivas físicas, reproductivas y de fertilidad de los palestinos de Gaza en su conjunto.

Ante estos hallazgos, la gran mayoría de los gobiernos del mundo tienen ahora la clara obligación legal de hacer todo lo posible para detener la destrucción de Gaza y su población por parte de la entidad sionista. Actualmente, 153 países son parte de la Convención sobre el Genocidio, y múltiples precedentes internacionales establecen que los signatarios deben "emplear todos los medios razonablemente a su alcance" para prevenir el genocidio. Este deber depende de la "capacidad del Estado para influir eficazmente en las acciones de las personas que probablemente cometan o ya cometan genocidio".

No dejar de proporcionar ayuda o asistencia a un Estado o entidad que comete genocidio podría violar las responsabilidades de un país en virtud del Artículo I de la Convención contra el Genocidio, al igual que no contribuir a exigir responsabilidades y castigar a todos los responsables de perpetrar genocidio. Esto incluye la investigación, la extradición y el enjuiciamiento de sospechosos, tanto de forma independiente como en colaboración con otras partes. El Estatuto de Roma también obliga a los signatarios a colaborar en el enjuiciamiento de sospechosos a través de la CPI. Por supuesto, los gobiernos podrían optar por seguir el ejemplo de Hungría y simplemente retirarse de la CPI.

Sin embargo, con la evidencia incontrovertible de las intenciones y acciones genocidas de la entidad sionista en Gaza, que se multiplican a diario, y con la acusación abierta de genocidio por parte de la ONU contra "Tel Aviv", la libertad de movimiento internacional de la que hasta ahora disfrutaban los funcionarios israelíes podría haberse restringido aún más. Además, se ha lanzado un desafío proverbial a muchos Estados que afirman tener un profundo respeto por el derecho internacional. A su vez, la justicia para los palestinos, largamente esperada, podría estar cada vez más cerca.