El Gobierno de facto de Bolivia maniobró rápido para institucionalizar el golpe de Estado y borrar en pocos días todo el legado de un país que cambió tras la llegada al poder del primer presidente indígena, Evo Morales.

La autoproclamada presidenta Jeanine Áñez nombró ministros, cesó a embajadores, intervino medios de prensa, trató de congraciarse con las Fuerzas Armadas (FFAA) buscando lealtades y promulgó una ley para nuevas elecciones, para algunos la estocada final en este escenario.

 

Mientras, siguió la táctica de la criminalización de los dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS), fuerza política que condujo los destinos de la nación andino-amazónica en los últimos 13 años.

"No hay vuelta atrás", dijo a Prensa Latina, Ariana Campero, cesada como embajadora de Bolivia en Cuba por el Gobierno de facto de Áñez menos de una semana después de la asonada del 10 de noviembre. "Se consolidó el golpe", admite con pesar la joven militante del MAS.

Ahora lo que nos toca de manera revolucionaria es seguir adelante, el mayor opresor, como decía la desaparecida líder boliviana Domitila Chungara, es el miedo, añadió Campero.

Para la exembajadora empieza una nueva etapa de lucha y de cara a los próximos comicios el MAS ?señaló- tendrá que trabajar muy fuerte porque se presenta un escenario muy adverso y complejo.

Pero "el pueblo sabrá decidir con conciencia en la defensa de lo propio, en la defensa de nuestra patria y eso significa defenderla de los burgueses de Bolivia que, claramente, son los que están sentados ahora en el poder", apostilló.

Analistas políticos opinaron que el partido con mayoría en la Asamblea Plurinacional de Bolivia no debió negociar la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales de 2020 que dejase fuera la candidatura de Evo.

Con tal postura -consideran- los propios legisladores del MAS le otorgaron a Áñez la legitimidad que requería para dar continuidad al golpe de Estado que ellos mismos en un inicio denunciaron.

 

Estamos viviendo en momentos muy difíciles, no podemos decir nada, no podemos hablar, no podemos dar nuestra opinión, advirtió la senadora María Elizabeth Oporto en un mensaje audiovisual que subió en su cuenta en la red social Twitter.

Quienes intentan expresar su opinión son amenazados con procesos penales, en particular "los miembros de las organizaciones sociales de Bolivia".

Oporto, legisladora del MAS por Chuquisaca, comenzó una huelga en el hemiciclo del Senado, debido al ambiente de represión y persecución política existente en el país y en reclamo de la aprobación de una ley de garantías para los bolivianos.

En una reciente entrevista a RADIO REALPOLITIK FM, la senadora afirmó que es indignante la represión que se desató en Bolivia después del golpe de Estado del pasado 10 de noviembre.

"Tenemos muertos, heridos y encarcelados injustamente", señaló Oporto, quien sostuvo que este "es un país con una dictadura fascista", donde "se llevan a nuestros dirigentes presos sin ninguna prueba ni proceso legal".

El pasado 22 de noviembre arrestaron al vicepresidente del MAS, Gerardo García, junto a Ramón Raúl Caro. Ambos fueron remitidos a la sede del Ministerio Público, el cual, paralelamente, ordenó la aprehensión de la exministra de Culturas, Wilma Alanoca.

Hace poco, el Gobierno de facto dictó orden de captura contra el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana al que le imputan supuestos cargos de sedición y terrorismo.

 

Al tomar posesión de su puesto el 14 de noviembre, el actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dejó clara la línea del grupo de poder que llegó al Palacio Quemado: "Vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana".

También descargó odio contra Raúl García Linera (hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera), al igual que contra venezolanos y cubanos, estos últimos en su mayoría los integrantes de la misión médica que ya fue retirada de Bolivia ante el clima de inseguridad reinante hacia ese personal.

 

Sin embargo, Áñez insiste en que lo ocurrido en Bolivia fue "una revolución para recuperar la democracia" y no un golpe de Estado.

De hecho, aunque se multiplican las denuncias por la represión, la antes senadora de la oposición ultraconservadora opina que el país se encuentra en la "fase final de la pacificación".

Así lo señaló con bombo y platillo durante un acto en La Paz en el cual las FFAA la condecoraron. Allí hizo explícito el reconocimiento que le hicieran a su investidura porque "tiene un significado que va más allá de un acto protocolar".

POR DÓNDE VIENEN LOS TIROS

Pero en lo acontecido en Bolivia no hay nada casual. Varios de los señalados como principales conspiradores del golpe de Estado fueron entrenados por el Ejército de Estados Unidos a través de diferentes programas.

Los detalles salieron a flote en un artículo publicado en el sitio digital The Gray Zone y que se suma a los informes que circulan en medios de prensa sobre la presunta responsabilidad de Washington en el desenlace que llevó a la renuncia de Evo y de todo su gobierno.

Según el material periodístico, la cúpula de los militares y policías bolivianos pasaron por la Escuela de las Américas, conocida desde 2001 como Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad.

Quienes dieron el espaldarazo al golpe de Estado -precisa el texto- participaron en un "programa de intercambio policial" denominado Apala, diseñado para "construir relaciones entre las autoridades estadounidenses y los oficiales de esos cuerpos en los estados latinoamericanos".

A pesar de su influencia, o tal vez por ello, el programa mantiene poca presencia pública, observó el reporte.

El papel de los oficiales militares y policiales entrenados por Washington fue fundamental para precipitar el denominado cambio de régimen en el país, precisó el artículo de Jeb Sprague titulado "Cúpula golpista en Bolivia fue entrenada por EE.UU. en Escuela de las Américas y cursos del FBI".

Consideró que el complot golpista no podría haber tenido éxito sin la aprobación de esos comandantes militares y policiales, muchos de los cuales "fueron preparados y educados para la insurrección".

Audios filtrados evidencian que se llevó a cabo una coordinación encubierta entre los actuales y antiguos líderes de la policía, el ejército y la oposición para provocar el golpe, señaló el material.

Previo a la renuncia de Evo, el comandante de las fuerzas armadas de Bolivia, Williams Kaliman, "sugirió" al presidente que dimitiera y antes sectores de la policía ya se habían amotinado, argumentó.

Aunque Kaliman parece haber fingido lealtad a Morales a lo largo de los años, no solo fue un actor en el golpe, sino que tiene su propia historia en Washington, donde se desempeñó por poco tiempo como agregado militar de la embajada de Bolivia en la capital estadounidense, recordó The Gray Zone.

 

Kaliman fue "alumno" de la Escuela de las Américas en 2003. Apenas 72 horas después del golpe de Estado cobró su recompensa: un millón de dólares y huyó rumbo a Estados Unidos.

Para los historiadores nada es casual. La otrora Escuela de las Américas -ubicada actualmente en Fort Benning, Georgia-, tiene el antecedente haber sido cuna de golpistas de la región de América Latina durante las décadas de 1960, 1970 y 1980.

OTRA VUELTA DE ROSCA

El peligro del retroceso de las políticas inclusivas que fueron el sello durante la presidencia de Evo Morales en Bolivia, es el mayor peligro que se cierne en ese país tras el golpe de Estado, en opinión de algunos expertos y medios de prensa.

Un artículo de la revista estadounidense Foreign Affairs alertó que el autoproclamado gobierno interino que sucedió a Morales, "ya está dando pasos en esta dirección, con miembros del gabinete tratando de desacreditar al expresidente y amenazando con arrestar a partidarios y periodistas".

El material periodístico reconoce que Bolivia tuvo un buen desempeño económico y experimentó un crecimiento constante, una baja inflación y un extraordinario aumento de los ingresos del Estado, los cuales gastó Evo en infraestructura básica, educación, salud y en seguridad social, recordó Foreign Affairs.

Lo recaudado ayudó a financiar programas sociales que permitieron a Bolivia reducir la desigualdad de ingresos más drásticamente que cualquier otro país de la región, sostuvo la revista.

Pero la regresión es lo que puede esperarse. El gobierno interino de Áñez parece tener la intención de desacreditar no sólo a Morales sino a todo su partido como actores legítimos de la política boliviana, acotó el material.

Lo anterior, unido a timonazos bruscos en materia de relaciones internacionales -con la creación de nuevos lazos estratégicos-, cierran el cerco de un ruedo en el que se consolida y tratan de legitimar más el golpe de Estado.

La canciller designada, Karen Longaric, dio a conocer la decisión de Áñez de restaurar los nexos diplomáticos con Israel, interrumpidos en 2009 por la administración de Evo Morales en rechazo a los continuos ataques sionistas contra los palestinos residentes en la ocupada Franja de Gaza.

Por ejemplo, Bolivia reconoció en 2010 al Estado de Palestina y dos años más tarde dio su espaldarazo al ingreso a la Organización de las Naciones Unidas a lo que siguió en noviembre de 2013, el establecimiento de las relaciones diplomáticas.

Y ahora, en menos de tres semanas, el régimen de facto reestructuró en su totalidad el mapa de relaciones exteriores construido en los últimos 13 años.

Primero rompió con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, y tendió la mano al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente encargado, en un gesto complaciente con Estados Unidos y sus aliados.

Luego, junto con la remoción de los embajadores designados por el gobierno de Evo Morales, retiró al país de foros de integración como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

La más reciente jugada fue la designación de Walter Serrate como nuevo embajador en Estados Unidos, luego de 11 años de relaciones bilaterales a nivel de encargado de Negocios.

En 2008 el gobierno de Bolivia expulsó al entonces representante de Washington en La Paz, Phillip Goldberg, ante la abierta injerencia en los asuntos internos del país sudamericano.

De igual manera, la administración de Evo Morales sacó del territorio boliviano a la Administración para el Control de Drogas (DEA) y a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), señaladas como manos peludas en la desestabilización política y social en el área.

Desde su llegada a México, donde recibió asilo político, Evo ha denunciado a la legación diplomática estadounidense por ser responsable de urdir el golpe de Estado en su contra, que agravó allí la crisis institucional y política que dejó hasta el momento más de una treintena de muertos y alrededor de 800 heridos.