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El ajedrez golpista se acelera en tiempo de pandemia. Estados Unidos, al frente de la estrategia para derrocar a Nicolás Maduro, dio un nuevo paso: planteó la creación de un “Consejo de Estado para un gobierno de transición”, en el cual no estén ni Maduro ni el líder opositor Juan Guaidó, que convoque a elecciones presidenciales antecedidas por el levantamiento del bloqueo.

El anuncio fue dado por el secretario de Estado, Mike Pompeo y los detalles publicados por el Departamento de Estado bajo el título de “Marco de transición democrática para Venezuela”.

La hoja de ruta planteada por EE.UU. sostiene que la Asamblea Nacional (AN) encabezada por Guaidó, debe nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, y crear el Consejo de Estado que se convierta en poder ejecutivo. Ese Consejo sería conformado por cuatro miembros de la AN -pudiendo participar los diputados del chavismo- que a su vez designaría al quinto integrante para desempeñarse como presidente.

Una vez asumidos todos los poderes presidenciales por el Consejo, y con la salida de “las fuerzas de seguridad extranjera”, EE.UU. levantaría las sanciones “contra el gobierno, PDVSA y la industria petrolera”. Finalmente, el Consejo de Estado, convocararía elecciones legislativas y presidenciales en un lapso de seis a doce meses, y, luego de su realización, se quitarían las “sanciones restantes”.

La arquitectura de transición creada por EE.UU. busca sostenerse sobre la figura del Consejo de Estado que aparece en el artículo 251 y 252 de la Constitución. Sin embargo, el texto constitucional afirma que dicho órgano es de consulta de Gobierno y no para reemplazar a un presidente, y el sistema de elección descrito por EEUU no es el que dicta el texto constitucional.

La dimensión legal y constitucional es, en realidad, secundaria. Las palabras de Pompeo y de Elliot Abrams, enviado especial para el expediente Venezuela, se dan cinco días después de que el Fiscal General, William Barr, anunció una recompensa de 15 millones de dólares por Maduro y 10 millones por Diosdado Cabello.

El denominado “marco de transición” aparece en este contexto como un intento de ofrecer una salida o claudicación donde sean apartados Maduro, Cabello, y algunos dirigentes más, pero no toda la dirección. El texto del Departamento de Estado afirma que el “alto mando militar permanece en el lugar durante el gobierno de transición”, al igual que gobernadores y alcaldes, y no excluye al Partido Socialista Unido de Venezuela del nuevo tiempo político.

Según los cálculos de correlación de fuerza que maneja EE.UU., se ha llegado al punto de cerco tan grande que podría darse la ruptura interna. Esa lectura se basa sobre un factor central: la economía y, en particular, la situación de los precios petroleros que llevan varias semanas de caída sostenida. El presidente Maduro afirmó que el precio de venta del barril venezolano no cubre su costo de extracción, lo que, en la economía venezolana representa un impacto transversal y profundo.

La perspectiva de una mejora de los precios es aún lejana debido a la crisis económica global dentro de la cual se enmarca la baja de la demanda petrolera, un exceso de producción, una progresiva saturación de los almacenamientos, y una baja de los precios sobre el marco de una falta de acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia, y un diálogo incipiente entre Donald Trump y Vladimir Putin al respecto.

La combinación de bloqueo económico y caída petrolera conforma así un cuadro de gran dificultad para la economía venezolana. Sin embargo, el gobierno venezolano cuenta con el respaldo, por ejemplo, de Rusia, donde, entre otras cosas, el gobierno de Putin ha comprado los activos de la petrolera Rosneft en Venezuela.

No sería la primera vez que Washington realice un cálculo equivocado respecto a la situación en Venezuela. La misma conformación de un gobierno paralelo con Guaidó a la cabeza, incapaz de llevar adelante la transición anunciada, fue la expresión de un error de esa naturaleza.

No resulta sorpresivo que su figura sea puesta de lado en el esquema del Consejo de Estado: Guaidó ha perdido progresivamente su capital político hasta quedar desdibujado ante la pandemia. Según Abrams, el pedido de renuncia de Guaidó responde al hecho de que quien presida el Consejo no podrá presentarse en las elecciones y, por lo tanto, quitar al autoproclamado permitiría que luego se presente.

Resulta improbable que este nuevo llamado norteamericano genere un quiebre interno. Su presentación puede en cambio leerse, por ejemplo, como la preparación del terreno que seguiría a la salida de Maduro planificada través de una operación encubierta. Esa hipótesis volvió a verse evidenciada la semana pasada cuando fue desmontada una operación militar que se preparaba desde Colombia.

Por esa misma operación el Ministerio Público llamó a Guaidó a presentarse el próximo jueves. Esa citación puede transformarse en un nuevo momento de elevación de las tensiones ya que seguramente Guaidó no acudirá.

Este escenario deja claro que el escenario de pandemia, en lugar de permitir un diálogo y levantamiento del bloqueo -como pidió, entre otros, el Grupo de Puebla o Michelle Bachelet- ha generado que Estados Unidos busque acelerar el desenlace con ofertas millonarias de información, captura y muerte_la semana pasada ofreció quince millones de dólares por la cabeza de Maduro-, así como con una asfixia económica utilizada como moneda extorsiva.