Vicepresidente de EE.UU. insta a Grupo de Lima a estrechar cerco financiero contra Venezuela
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro gobernadores afines al Gobierno de Nicolás Maduro, por supuestamente obstaculizar la entrega de “ayuda humanitaria” a Venezuela.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, instó a los países miembros del Grupo de Lima, reunidos este lunes en Colombia, a restringir los visados para los funcionarios del Ejecutivo del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.
Asimismo, pidió que estrechen el cerco financiero a Caracas congelando inmediatamente los activos de la compañía estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y que transfieran todos estos bienes al “gobierno” de Juan Guaidó, el opositor autoproclamado como presidente "encargado" el 23 de enero.
En su discurso, Pence dijo que, en los próximos días, la Casa Blanca impondrá sanciones más duras contra el Gobierno venezolano y reiteró que Washington tiene todas las opciones abiertas frente a Maduro.
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, aseguró este mismo lunes que lo único que pretende el gobierno estadounidense con sus acciones hostiles contra Caracas, inclusiso con una posible intervención militar, es apropiarse del petróleo y controlar los recursos naturales de Venezuela.
En consonancia con las declaraciones del vicepresidente norteamericano, el Departamento del Tesoro sancionó a cuatro gobernadores alineados con el presidente Maduro por “obstaculizar la ayuda humanitaria” al pueblo venezolano.
Según Steven T. Mnuchin, secretario del Departamento del Tesoro, la “lista negra” incluye a los gobernadores Ramón Alonso Carrizalez Rengifo (Apure), Jorge Luis García Carneiro (Vargas), Rafael Alejandro Lacava Evangelista (Carabobo) y Omar José Prieto Fernández (Zulia).
La medida implica la congelación de los activos que puedan tener estos funcinarios, bajo soberanía de Estados Unidos, y límites en materia de contratos y viajes.
La “ayuda” a la que se refiere el Departamento de Tesoro es la que solicitó Guaidó para presuntamente solventar las necesidades básicas de los venezolanos, iniciativa que el Gobierno de Nicolás Maduro rechazó por carecer de carácter humanitario.
Caracas se opone a tal “ayuda” por considerarla parte del complot golpista orquestado por EE.UU. y advierte que Washington utiliza este pretexto para suministrar armas a la oposición y promover una intervención en el país sudamericano.