El cuestionado letrado, conocido como el juez antiK por todos los procesos contra la exmandataria, pidió prisión preventiva al considerarla jefa de una asociación ilícita en el caso de supuestos sobornos a empresarios en la obra pública durante su gestión y la de su esposo, el fallecido exmandatario Néstor Kirchner.
Para muchos la noticia era cantada, pues la propia expresidenta y actual senadora ha denunciado en múltiples ocasiones ser víctima de una gran arremetida judicial en la que buscan proscribirla y estigmatizarla a ella y varios miembros de su gobierno (2007-2015).
Bonadio dictó la prisión preventiva pero tendrá que pedir el desafuero de la senadora en el Congreso. Además, fueron procesados el exministro de Planificación Julio De Vido y el exfuncionario de esa cartera Roberto Baratta.
En opinión del juez, la investigación comprobó que desde el Ejecutivo se montó un aparato para “procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas”.
La investigación por el presunto pago de coimas, que involucra a varios empresarios, se basa en una declaración de la exesposa del chofer de Baratta, que entregó a la Justicia los documentos en los que supuestamente el empleado (Oscar Centeno) habría anotado el traslado de dinero.
“Si algo faltaba para consagrar el uso del poder judicial como elemento de persecución política en Argentina, era esta causa”, apuntó hace unos días la exjefa de Estado durante una intervención en el Senado, donde se aprobaron los allanamientos a tres de sus propiedades.
Fernández solicitó varias veces una auditoria de la obra pública en todas las instancias judiciales y se le negó y ha señalado que ahora utilizan el poder judicial como un elemento de persecución política y proscripción de dirigentes populares.