El gobierno de Nicaragua expresó su desacuerdo y rechazo a un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en el país, al considerarlo parcializado y sesgado con afirmaciones subjetivas.

Al remitir observaciones y consideraciones al denominado informe “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas de Nicaragua desde el pasado 18 de abril al 18 de agosto”, Managua señaló que el mismo es improcedente.
Según el Gobierno, dicho documento toma como fuente noticias publicadas por medios de comunicación adversos y otras fuentes, con una posición política claramente definida, informaciones que se pretenden dar por ciertas sin ser previamente investigadas y verificadas.
De esa manera el Estado de Nicaragua planteó su desacuerdo con el contenido y las recomendaciones del referido texto, por considerar que están basadas en valoraciones e informaciones parcializadas y subjetivas.
En consecuencia y de manera lógica, el mismo induce a recomendaciones innecesarias y sin fundamento, acotó el Ejecutivo.

Por otra parte, indicó que en el informe no hay ninguna preocupación por los actos de violencia de parte de grupos golpistas que, con su pretensión de alcanzar el poder político a través de un intento fallido de golpe de Estado, han violentado el orden constitucional.
Al mismo tiempo, reiteró la denuncia de que los golpistas irrespetaron el derecho a la vida, la integridad personal, la libre circulación, al trabajo, la salud, la educación y la seguridad ciudadana del pueblo en general, además de dañar la economía.
No obstante, sostuvo que continuará trabajando por la paz y la estabilidad, a fin de que prevalezca la verdad y la justicia, el orden constitucional, social y los derechos humanos de todos los nicaragüenses y personas en el territorio nacional.
El presidente de la República, Daniel Ortega, afirmo la víspera que su gobierno tiene un profundo compromiso con la paz y de buscar cómo desarrollar nuevamente la práctica de la reconciliación, sin excluir a nadie.
A su vez, Ortega indicó que mientras el pueblo nicaragüense pide justicia, los organismos de derechos humanos, tanto internacionales como locales, la mayoría de ellos no actúan en consecuencia.
La nación centroamericana vivió una crisis política desde el 18 de abril, desatada a partir de las reformas al sistema de pensiones –luego derogadas- que derivaron después en otras demandas.

El Gobierno advirtió que la coyuntura fue utilizada por grupos con apoyo interno y externo, interesados en derrocar a Ortega.

Como resultado de la violencia en Nicaragua, perdieron la vida alrededor de 200 personas, de acuerdo con datos oficiales.