Human Rights Watch (HRW) pidió a las autoridades de Bahrein que restablezcan la ciudadanía a cientos de personas que se han visto privados de la misma por órdenes ejecutivas o decisiones judiciales, mientras el régimen gobernante de Al Jalifah continúa con una enérgica campaña contra activistas pro-democráticos, periodistas y eruditos religiosos.

Según el Instituto de Derechos y Democracia de Bahrein (BIRD), los funcionarios del régimen de Manama han despojado a por lo menos a 738 ciudadanos de su ciudadanía desde 2012 (232 en 2018), convirtiendo a la mayoría de ellos en apátridas.

De acuerdo con Eric Goldstein, director adjunto para Medio Oriente de Human Rights Watch, “Bahrein parece decidido a ganar el dudoso honor de liderar la región en lo que se refiere a despojar de la ciudadanía a sus nacionales”.

Añadió que “si bien las autoridades afirman que esos actos están vinculados a la seguridad nacional, de hecho están castigando a muchas personas simplemente por expresar pacíficamente su disidencia”.

BIRD destacó que los tribunales civiles o militares emitieron todas las revocaciones de ciudadanía conocidas desde el comienzo del año en curso.

Human Rights Watch ha registrado violaciones generalizadas de los procedimientos internacionales aceptables en ambos sistemas judiciales. Las violaciones incluyen la falta de acceso a abogados, especialmente durante el interrogatorio, y las confesiones bajo tortura.