El Gobierno turco ordenó el despido de 18 mil 632 funcionarios públicos, en su mayoría militares y policías, por supuestos vínculos con organizaciones que amenazan la seguridad del Estado.

Estos despidos se producen por medio de un decreto al amparo del estado de emergencia impuesto en el país tras el golpe de Estado en julio de 2016, y que está previsto que concluya este lunes.

Nueve mil policías, unos 6 mil militares, unos mil empleados del Ministerio de Justicia y unos 650 profesores se han visto afectados por la medida. Además, fueron cerrados (deslegitimizados) 12 asociaciones, también diarios, estaciones de radio y agencias.

La purga también está dirigida a expulsar del funcionariado a simpatizantes del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que Ankara acusa de haber instigado el fallido golpe de Estado de 2016.

Desde el fallido golpe, alrededor de 130.000 funcionarios, militares y policías, así como empleados de otras instituciones estatales, han sido expulsados de su trabajo por supuesta pertenencia a la red de Gülen.

Aún decenas de miles de personas se encuentran también detenidas, muchas todavía a la espera de juicio, tras la fallida asonada.

Aunque la mayoría de los expulsados son supuestos simpatizantes de Gülen, también se ha despedido, especialmente en la Universidad, a académicos de izquierda críticos con el gubernamental partido islamista AKP.

Los medios turcos afirman que el estado de emergencia se levantará mañana, tras la toma de posesión del presidente Recep Tayyip Erdogan, ya que fue una de las promesas de su campaña en las pasadas elecciones parlamentarias y presidenciales del 24 de junio.

Mañana entrará también en vigor un nuevo sistema presidencial que otorga amplísimos poderes ejecutivos al presidente.