Trump da marcha atrás a separación de familias de inmigrantes, México celebra decisión
Trump intentó parar el aluvión mundial de críticas con un decreto que pone fin a tales separaciones, pero no resuelve la situación de los más de dos mil 300 menores que ya han sido alejados de sus progenitores.
El canciller mexicano, Luis Videgaray, celebró la decisión del gobierno de Estados Unidos de poner freno a la separación de familias de inmigrantes, en particular de arrancar los niños del lado de sus padres a través de la política de tolerancia cero.
Videgaray consideró en su cuenta de Twitter como “una buena noticia” que la administración del presidente Donald Trump “acabe con la cruel e inhumana separación de niños migrantes de sus padres”. Subrayó que “el gobierno de México continuará, sin descanso, brindando protección consular a todos los niños y las niñas en situación vulnerable”.
Trump intentó parar el aluvión mundial de críticas con un decreto que pone fin a tales separaciones, pero no resuelve la situación de los más de dos mil 300 menores que ya han sido alejados de sus progenitores.
En lugar de ser separados de sus padres al cruzar la frontera, como ocurría desde abril, a partir de ahora los niños indocumentados serán retenidos indefinidamente junto a sus familiares en centros de detención de inmigrantes, según la orden firmada por el mandatario republicano.
“No me gustaba ver a las familias separadas ni los sentimientos que eso provoca”, aseguró Trump al rubricar el decreto.
El presidente no necesitaba usar su poder ejecutivo para acabar con la separación de las familias: Podría haberlo hecho con una simple llamada a su fiscal general, Jeff Sessions, en la que le ordenara detener o modificar la política de "tolerancia cero" contra la inmigración ilegal, que originó el problema.
Esa política, inaugurada formalmente en abril, lleva a presentar cargos criminales contra cualquier adulto que cruza irregularmente la frontera con México, y el inicio de ese proceso por la vía penal llevaba a separarles de los niños con los que hubieran viajado.
Pero Trump no quiso acabar con esa política, que ha provocado la separación de al menos dos mil 342 menores desde mayo y, en cambio, optó por ordenar que se empiece a ingresar juntas a las familias en centros de detención de inmigrantes u otras instalaciones de las que disponga el Gobierno federal.
El decreto abre incluso la posibilidad de que se detenga a inmigrantes en bases militares si es necesario, un rumor que corre desde mayo y para lo que se están considerando, según informes de prensa, tres instalaciones en Texas y una en Arkansas.
"Mantendremos una frontera poderosa y seguirá habiendo tolerancia cero", aseguró Trump.
A lo largo de la última semana, Trump había defendido que el único que podía acabar con la separación de las familias era el Congreso, y hoy insistió en que sigue esperando un cambio en las leyes migratorias del país que incluya fondos para el muro froterizo.
La oposición demócrata cree que la administración Trump decidió procesar criminalmente a los inmigrantes y separar a las familias precisamente para forzar al Capitolio a ceder en sus prioridades migratorias, además de disuadir a los indocumentados de entrar en Estados Unidos.
Sea cierto o no, Trump ha conseguido devolver el debate migratorio al Congreso, y la Cámara de Representantes votará este jueves sobre proyectos de ley que otorgarían fondos para el muro con México, además de abordar la situación de los llamados "soñadores", jóvenes indocumentados que llegaron de niños al país.
El decreto de Trump tiene un futuro incierto, dado que contraviene un acuerdo extrajudicial conocido como "Flores", al que se comprometió en 1997 el Gobierno de William Clinton y que impide a las autoridades privar de libertad durante más de 20 días a los menores indocumentados detenidos en la frontera.
Por eso, el Departamento de Justicia planea pedir a una corte federal de California que modifique el llamado "acuerdo Flores" para que el Gobierno de Trump pueda "mantener juntas a las familias durante todo el proceso" judicial relativo a los cargos criminales o el procedimiento de deportación, según el decreto.
