Aun cuando esta medida no sea de obligatorio cumplimiento por parte del BEI, la disposición,-abunda la comunicación-, "está destinada a ayudar a proteger los intereses de las empresas de la Unión Europea (UE) que invierten en Irán y a mostrar el compromiso de la UE con el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC)".

Con el fin de proteger a las empresas del ente comunitario de las sanciones de Estados Unidos a Irán, la CE eliminó de la política del BEI los obstáculos que le impedían financiar proyectos en la República Islámica.

De no recibir resistencia por parte del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE en un lapso de dos meses, la norma entraría en vigor en agosto.

La portavoz de la jefatura de la diplomacia europea, Maja Kocijancic, sostuvo, durante la jornada previa, que la UE asegura que el plan de Irán para incrementar la capacidad de enriquecimiento de uranio no viola el acuerdo nuclear firmado en 2015.

El pasado 8 de mayo el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció la salida de Washington del pacto nuclear suscrito por Irán y Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia, Alemania y la UE.

Desde la ruptura unilateral del acuerdo crece la preocupación de Europa por el futuro de sus inversiones en el país islámico, sobre todo, tras las declaraciones durante el mes pasado del consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, sobre la posibilidad de aplicar sanciones a empresas europeas que mantengan operaciones en Irán.

Tras la retirada de Estados Unidos del pacto, el Departamento del Tesoro estableció un lapso de entre 90 y 180 días para la culminación de las actividades de compañías extranjeras con Teherán y evitar que sobre ellas recaigan igualmente medidas punitivas en el ámbito financiero.

El regreso de las sanciones contra Irán rompe el pacto rubricado por la administración estadounidense anterior que establecía el levantamiento de restricciones económicas al país islámico si accedía a detener el desarrollo de su programa nuclear.