Fiscalía de España presenta querella contra gobierno de Cataluña
El Ministerio Público resalta que existe un delito de rebelión porque los querellados declararon la independencia de una parte del territorio español.
La Fiscalía de España presentó una querella judicial contra Carles Puigdemont, presidente destituido del gobierno de la comunidad autónoma española de Cataluña (noreste), así como de sus anteriores consejeros y de la Mesa del Parlamento catalán.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza Fuentes, anunció este lunes en Madrid que la querella fue presentada por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.
El litigio presentado por la Fiscalía General del Estado ante la Audiencia Nacional y el Supremo contra los dirigentes destituidos del proceso soberanista, solicita la citación urgente de los investigados y, en caso de que no comparezcan, su "inmediata detención".
Maza Fuentes expresó que el Ministerio Público actúa en defensa de la legalidad y del interés público, en cumplimiento de sus funciones constitucionales.
Aseguró que los dirigentes catalanes han actuado "con total desprecio a la Constitución" desde hace dos años, cuando pusieron en marcha el proceso independentista de la comunidad autónoma de Cataluña.
La Fiscalía también solicita en las querellas además de Puigdemont, que Carme Forcadell, presidenta del Parlamento; Oriol Junqueras, vicepresidente; y los 16 dirigentes catalanes restantes sean citados a declarar con carácter urgente.
Deberán declarar como imputados en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo.
Tras los interrogatorios, el Ministerio Público pedirá medidas cautelares para asegurar la disposición de los investigados ante la justicia, lo que podría incluir que sean encarcelados de forma preventiva.
El Ministerio Público resalta que existe un delito de rebelión porque los querellados declararon la independencia de una parte del territorio español, tras la aprobación en el Parlamento catalán el pasado 27 de octubre.
La Fiscalía española añadió que este delito está castigado con 25 años de prisión en caso que no se utilicen armas y haya violencia, circunstancia que la institución considera que se ha producido en el proceso no legal.
La entidad añadió que "para (la) consecución del fin secesionista, los querellados se valieron de la población en incesantes actos de insurrección pública".
Agregó que desobedecieron o resistieron "colectivamente la autoridad legítima del Estado, ocupando al efecto carreteras, calles o edificios públicos".
Sometieron "a los agentes de la autoridad a un incesante acoso en actos que alcanzaron dimensión suficiente para colmar el elemento de violencia que requiere el tipo", concluyó el fiscal, quien también les atribuyó los delitos de "sedición y malversación".
