El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, será relevado de sus funciones por el Gobierno central bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución para que las instituciones catalanas vuelvan a la legalidad constitucional y estatutaria.

El relevo afectará a todo el Consell, por lo que todos los consejeros serán destituidos de sus funciones. Estas decisiones culminarán con la convocatoria de elecciones en Cataluña en enero, como quiere el PSOE, o en un plazo no inferior a seis meses como el PP pide a Mariano Rajoy. El Gobierno nombrará a un representante que centralice las tareas de coordinación del Govern.

El presidente del gobierno español Mariano Rajoy convocó este sábado un Consejo de Ministros extraordinario para acordar las medidas concretas que tomará con el fin de recuperar la legalidad en Cataluña.

El texto que ha distribuido el Gobierno de Rajoy recuerda que el artículo 155 tiene su origen en el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn. Pero también hay mecanismos similares en el artículo 52 de la Constitución helvética, en el artículo 100 de la Constitución Austriaca, el artículo 126 de la Constitución Italiana, el artículo 238 de la Constitución Portuguesa o el artículo 4.4 de la Constitución de los Estados Unidos de América.

El Gobierno sostiene que las medidas que se aprobarán son "garantistas" y persiguen asegurar derechos y no restringir libertades. En su argumentario, el Ejecutivo acusa a Puigdemont de "haber obviado" el interés general de los catalanes "en favor del ideario independentista de una parte de ellos", según informa Efe.

Éstos son los cuatro grandes objetivos que persigue la aplicación del artículo 155 de la Constitución: Restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, Garantizar la neutralidad institucional, Mantener el bienestar social y el crecimiento económico y Asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes.

Las medidas una vez aprobadas serán remitidas  de inmediato al Senado, cuya Mesa está convocada para la 1 de la tarde este mismo sábado, están sujetas a un último debate del Consejo.

El Gobierno de España considera que se cumplen los dos requisitos que establece la Constitución para aplicar el artículo 155: que "la Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, y que actuase de forma que atente gravemente al interés general de España".

El Ejecutivo de Mariano Rajoy sostiene que ha habido una "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" por parte de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y destaca el "incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado" de sus obligaciones constitucionales".

La entrada en vigor del artículo podría prolongarse hasta tres semanas, pues el proceso legal implica algunos pasos de obligado cumplimiento. Tras el Consejo de Ministros de este sábado, el Gobierno enviará al Senado un escrito en el que debe detallar las medidas concretas que desea adoptar.

Se trata de la primera vez que se aplicará ese artículo en los 39 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución española de 1978.