ONU denuncia persecución contra la etnia rohingya y activistas pro derechos humanos en Rajine, Birmania
La relatora especial de Naciones Unidas, Yanghee Lee, denunció la persecución a activistas y periodistas en Birmania tras su visita, que declaró haber realizado con restricciones de acceso y bajo estricto control del Ejército, en un país acusado de crímenes de lesa Humanidad contra la etnia rohingya y que no permite la entrada de una misión de investigación de Naciones Unidas.
Lee denunció haber encontrado un aumento de las restricciones en su visita de doce días. El Gobierno de la premio Nobel, Aung San Suu Kyi, no le ha permitido acceder a las zonas más afectadas por el conflicto en el noreste del estado de Rajine alegando preocupaciones de seguridad.
Tampoco pudo visitar a tres periodistas detenidos en junio, acusados de contactar con grupos rebeldes pese a estar retenidos en una zona turística.
La relatora calificó de inaceptable la vigilancia durante las entrevistas con personas locales por agentes que, según dijo, podrían pertenecer a la rama especial que durante el medio siglo de dictadura se encargó de perseguir la disidencia política.
"Estoy decepcionada al ver que las tácticas aplicadas por el Gobierno anterior siguen siendo utilizadas", declaró Lee.
"En tiempos anteriores, defensores de Derechos Humanos, periodistas y civiles fueron perseguidos, vigilados e interrogados. Eso sigue ocurriendo todavía", añadió.
Lee señaló que la situación de los rohingyas apenas ha mejorado desde enero y se ha complicado aún más en el norte de Rajine. Esa minoría étnica está aterrorizada y atrapada por la violencia.
Pese a la transición democrática, la Constitución de Birmania fue redactada por generales de la dictadura y el Ejército mantiene un papel dominante en el país.
La historia
La represión del Ejército comenzó en octubre de 2016 tras la muerte de nueve guardias fronterizos en el norte de Rajine, en ataques que el Gobierno atribuyó a grupos armados rohingyas, desencadenando así una ofensiva militar contra el grupo étnico que ha provocado la huída de 75 mil personas a Bangladesh.
A partir de ese momento, la ONU abrió una investigación contra el Ejército, a quien ha acusado de violaciones en grupo, asesinatos, torturas y quema de viviendas, acciones que podrían ser juzgadas como crímenes contra la Humanidad.
Por su parte, el gobierno de ese país niega la mayoría de las acusaciones y no permite la entrada de una misión de investigación de Naciones Unidas, algo que, según la presidenta, aumentaría la tensión en la región.
La Policía birmana informó de la apertura de una investigación interna, encabezada por el vicepresidente y exteniente general del Ejército, Myint Swe, y una comisión dirigida por el antiguo secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan.
Tras su visita a Rajine, Lee ha pedido la implementación de algunas de las recomendaciones hechas en marzo por el grupo de Annan, entre ellas, otorgar certificados de nacimiento a 20 mil niños no registrados.
El Gobierno de Birmania tacha de ilegales a los rohingya porque considera que son descendientes de inmigrantes de Bangladesh y se ha negado a emitir documentos para recién nacidos rohingya.
Tampoco pudo visitar a tres periodistas detenidos en junio, acusados de contactar con grupos rebeldes pese a estar retenidos en una zona turística.
La relatora calificó de inaceptable la vigilancia durante las entrevistas con personas locales por agentes que, según dijo, podrían pertenecer a la rama especial que durante el medio siglo de dictadura se encargó de perseguir la disidencia política.
"Estoy decepcionada al ver que las tácticas aplicadas por el Gobierno anterior siguen siendo utilizadas", declaró Lee.
"En tiempos anteriores, defensores de Derechos Humanos, periodistas y civiles fueron perseguidos, vigilados e interrogados. Eso sigue ocurriendo todavía", añadió.
Lee señaló que la situación de los rohingyas apenas ha mejorado desde enero y se ha complicado aún más en el norte de Rajine. Esa minoría étnica está aterrorizada y atrapada por la violencia.
Pese a la transición democrática, la Constitución de Birmania fue redactada por generales de la dictadura y el Ejército mantiene un papel dominante en el país.
La historia
La represión del Ejército comenzó en octubre de 2016 tras la muerte de nueve guardias fronterizos en el norte de Rajine, en ataques que el Gobierno atribuyó a grupos armados rohingyas, desencadenando así una ofensiva militar contra el grupo étnico que ha provocado la huída de 75 mil personas a Bangladesh.
A partir de ese momento, la ONU abrió una investigación contra el Ejército, a quien ha acusado de violaciones en grupo, asesinatos, torturas y quema de viviendas, acciones que podrían ser juzgadas como crímenes contra la Humanidad.
Por su parte, el gobierno de ese país niega la mayoría de las acusaciones y no permite la entrada de una misión de investigación de Naciones Unidas, algo que, según la presidenta, aumentaría la tensión en la región.
La Policía birmana informó de la apertura de una investigación interna, encabezada por el vicepresidente y exteniente general del Ejército, Myint Swe, y una comisión dirigida por el antiguo secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan.
Tras su visita a Rajine, Lee ha pedido la implementación de algunas de las recomendaciones hechas en marzo por el grupo de Annan, entre ellas, otorgar certificados de nacimiento a 20 mil niños no registrados.
El Gobierno de Birmania tacha de ilegales a los rohingya porque considera que son descendientes de inmigrantes de Bangladesh y se ha negado a emitir documentos para recién nacidos rohingya.
