Las familias afirmaron, por medio de un comunicado,  que no recibirán las condolencias sino después de finalizados los procedimientos formales, o sea después de la entrega de los cadáveres para que sean enterrados de acuerdo con las disposiciones legales. 

Por su parte, un informe de Amnistía Internacional (AI) señala que Riad está empleando la pena de muerte como un arma política para silenciar a los chiitas.

“Estas ejecuciones brutales son el último acto en curso de las autoridades sauditas en la persecución de la minoría chiita. La pena de muerte se está empleando como un arma política para castigarlos por atreverse a protestar contra su trato y obligar a otros a callarse”, aseguró el director de investigación de la ONG, Lynn Maalouf.

Maalouf escribió el informe en reacción a que el régimen saudita ejecutara el martes a cuatro chiitas en la provincia de Al-Sharqiya, acusándoles de perpetrar actividades terroristas.

Asimismo, urgió a la comunidad internacional a combatir firmemente a Riad para asegurarse de que otros chiitas, que pueden ser ejecutados, no corran el mismo destino de los ejecutados anteriormente. Riad “debe anular sus condenas de muerte y establecer una moratoria oficial sobre las ejecuciones”, señaló.

AI además hizo alusión a otros 34 casos, en los que hombres chiitas fueron condenados a muerte, en su mayoría a raíz de juicios injustos basados principalmente en confesiones obtenidas mediante tortura.

De acuerdo con la ONG, a través de las mencionadas brutales medidas, Riad busca silenciar las manifestaciones en la región de Al-Qatif, en la provincia saudita de Al-Sharqiya —dominada por los chiitas—, en protesta por la marginación de la monarquía y para pedir reformas, libertad de expresión, la puesta en libertad de los prisioneros, y el fin de la discriminación religiosa y económica contra Al-Qatif.