Fiscalía uruguaya envía a la cárcel a exvicepresidente de la FIFA
La Fiscalía de Uruguay envió a la cárcel al exvicepresidente de la FIFA Eugenio Figueredo, acusado por el delito de estafa y lavado de activos con carácter continuado, informaron fuentes de la Corte Suprema de Justicia.
El también expresidente de la Confederación Suramericana de Fútbol llegó este jueves al país suramericano procedente de Suiza tras ser extraditado y reclamado por la justicia nacional.
Raúl Oxandabarat, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, declaró a la prensa que según la jueza aún no estaban dadas las condiciones para que el acusado fuera a prisión domiciliaria como pidió su abogada de la defensa, Karen Pintos.
Figueredo, de 83 años, fue recluido en la Cárcel Central donde permanecerá por algunos días hasta que sea destinado a otra prisión y deberá ser juzgado a partir del 1 de febrero venidero, cuando reinicien sus actividades los órganos judiciales.
El acusado admitió que "recibía importantes sumas de dinero" desde la "época en que asumió como miembro del Comité Ejecutivo de la Conmebol", manifestó la Fiscalía.
También indicó que el extitular de la Asociación Uruguaya de Fútbol reconoció que ese modo de obrar implicó "perjuicio a Clubes y a jugadores profesionales, en el caso de Uruguay, menguándose notoriamente los dineros que debían percibir".
El fiscal del caso, Juan Gómez, reconoció ante la prensa que el vicepresidente de la FIFA fue muy valiente y su testimonio "muy clarificador".
En mayo pasado Figueredo fue detenido en el país helvético como parte del escándalo de corrupción que sacude a la FIFA y en el que más de una decena de altos funcionarios del organismo mundial fueron arrestados.
Su extracción, además de Uruguay, también fue reclamada por Estados Unidos, donde se le acusa de brindar datos falsos en su solicitud de ciudadanía.
Gómez declaró a periodistas que Uruguay fue el primer país en investigar el tema, centrado en la venta de espacios publicitarios de los torneos organizados por el organismo suramericano, y que a Figueredo le fueron embargados cinco millones de dólares y nueve propiedades.
Las penas previstas en el código penal uruguayo para estos delitos van de dos a 15 años de prisión, sin embargo la defensa se amparará en la posibilidad de prisión domiciliaria prevista por la legislación local para mayores de 70 años.
Raúl Oxandabarat, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, declaró a la prensa que según la jueza aún no estaban dadas las condiciones para que el acusado fuera a prisión domiciliaria como pidió su abogada de la defensa, Karen Pintos.
Figueredo, de 83 años, fue recluido en la Cárcel Central donde permanecerá por algunos días hasta que sea destinado a otra prisión y deberá ser juzgado a partir del 1 de febrero venidero, cuando reinicien sus actividades los órganos judiciales.
El acusado admitió que "recibía importantes sumas de dinero" desde la "época en que asumió como miembro del Comité Ejecutivo de la Conmebol", manifestó la Fiscalía.
También indicó que el extitular de la Asociación Uruguaya de Fútbol reconoció que ese modo de obrar implicó "perjuicio a Clubes y a jugadores profesionales, en el caso de Uruguay, menguándose notoriamente los dineros que debían percibir".
El fiscal del caso, Juan Gómez, reconoció ante la prensa que el vicepresidente de la FIFA fue muy valiente y su testimonio "muy clarificador".
En mayo pasado Figueredo fue detenido en el país helvético como parte del escándalo de corrupción que sacude a la FIFA y en el que más de una decena de altos funcionarios del organismo mundial fueron arrestados.
Su extracción, además de Uruguay, también fue reclamada por Estados Unidos, donde se le acusa de brindar datos falsos en su solicitud de ciudadanía.
Gómez declaró a periodistas que Uruguay fue el primer país en investigar el tema, centrado en la venta de espacios publicitarios de los torneos organizados por el organismo suramericano, y que a Figueredo le fueron embargados cinco millones de dólares y nueve propiedades.
Las penas previstas en el código penal uruguayo para estos delitos van de dos a 15 años de prisión, sin embargo la defensa se amparará en la posibilidad de prisión domiciliaria prevista por la legislación local para mayores de 70 años.
