Un comunicado difundido por Hanán Ashrawi, dirigente de la OLP, denunció en los términos más enérgicos la sentencia contra la miembro del Consejo Legislativo Palestino. Consideró que la sanción dictada carece de base legal, pues los dictámenes de las cortes militares israelíes están motivados políticamente y son parte de un ataque deliberado a los políticos palestinos.

Acorde con la organización no gubernamental Adamir, defensora de los derechos palestinos, la información utilizada contra Yarrar contiene informes que datan de 2009, y el hecho de que no se haya utilizado en 2015 demuestra que es un arresto políticamente motivado.

La legisladora fue condenada a 15 meses de cárcel y a una multa de 10 mil shekels (dos mil 400 euros) por pertenecer a una organización ilegal, según las autoridades de Israel, e incitación a la violencia.

En el texto, Ashrawi instó a los signatarios de la IV Convención de Ginebra a que actúen para obtener la liberación de la diputada, así como la de otros miembros del Consejo Legislativo Palestino que se encuentran presos en cárceles sionistas.

Yarrar fue detenida 2 de abril siguiendo una orden administrativa, según la cual las autoridades no necesitan acusarla formalmente o llevarla a juicio.