La situación política en América Latina se inscribe en una situación mundial en la que se acelera la acumulación capitalista, mediante mayor explotación laboral, mayor depredación ambiental y más guerras imperialistas. Hay una profundización de la rapiña contra los pueblos de América Latina, y una intensificación del Terrorismo de Estado que garantiza la acumulación capitalista, afirma un despacho ampliado de Resumen Latinamericano. 

En opinión de la especialista Cecilia Zamudio, este accionar de muerte mediante los ejércitos oficiales y sus respectivas herramientas paramilitares, se ve tangiblemente en países como México, Colombia, Perú, Honduras, Paraguay. 

Hay una profundización de la lucha de clases, con un intento de exterminio de los luchadores sociales por parte de las distintas oligarquías y del gran capital transnacional: poniendo en marcha diversas estrategias de intervención y fortaleciendo estructuras del narcotráfico para que éstas sirvan en la labor de terror, subraya.

La actualidad mexicana se revela como el patrón represivo implementado contra Colombia desde hace décadas: auge del narcotráfico en connivencia estatal, y empleo de este en el fomento de más grupos paramilitares destinados al exterminio de los comunistas y demás luchadores sociales. Frente a esta guerra oligárquica aparece la respuesta popular: grandes movilizaciones y luchas de los pueblos.

Sin embargo, para Resumen Latinoamericano, Cuba sigue siendo la excepción en este cuadro de saqueo, porque logró consolidar una revolución con un sistema socialista. Venezuela despierta grandes esperanzas, se registra un avance en la toma de consciencia y aparecen sectores poblacionales que conciben el socialismo como alternativa a los grandes desmanes del gran capital venezolano, que apoyado desde el exterior, intenta frenar el proceso bolivariano.

Para Zamudio, la región Andino Amazónica es de gran importancia para el gran capital transnacional y Colombia es un país codiciado por sus inmensos recursos (mineros, hídricos, biodiversidad) y por su ubicación geoestratégica (andino-amazónica, con acceso a dos océanos, con 5 países fronterizos). Es además el tercer país más poblado del continente, tras Brasil y México. 

Desde hace décadas los aparatos militares del capitalismo mantienen una guerra intensiva contra el pueblo colombiano, con una permanente intervención estadounidense.  

Los militares colombianos reciben entrenamiento de parte de Estados Unidos: integran la doctrina contrainsurgente y el concepto del “enemigo interno” que rigen el accionar del ejército colombiano. Son instruidos en técnicas de desaparición forzada y desplazamiento masivo de poblaciones. Los manuales de la CIA, como el KUBARK, instruyen en torturas físicas y sicológicas: la tortura es preconizada de forma sistemática.

Colombia es el tercer país más desigual del mundo: hay 20 millones de pobres y 8 millones de indigentes, más de la mitad de la población está apenas sobreviviendo. Miles de niños mueren anualmente de hambre, pese a las inmensas riquezas del país. Baste mencionar que la comunidad indígena más grande de Colombia, los Wayúu, está sufriendo exterminio, muriendo de física hambre y de enfermedades asociadas con la escasez de agua, porque las multinacionales que explotan el carbón en el Cerrejón, desviaron todo un río para usar su agua. 

El Terrorismo de Estado en Colombia ha causado más de 9.500 presos políticos, decenas de miles de desapariciones forzadas. Más de 4000 fosas comunes han sido halladas en los últimos 8 años, con 5.638 cuerpos de desaparecidos: es el resultado del instrumento paramilitar. Solo en 2015 salen en libertad varios jefes paramilitares en virtud de la ley de impunidad que el Estado colombiano confeccionó a sus paramilitares: entre 5 y 8 años de pena si estos dan algunas coordenadas de sus crímenes. 

El 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo son en Colombia por agentes estatales o la herramienta paramilitar. La mayor fosa común de Latinoamérica fue hallada detrás del Batallón Militar de la Fuerza Omega, con 2000 cadáveres de desaparecidos.

Colombia también es el segundo país del mundo en materia de asesinatos a ecologistas, con 25 víctimas en 2014. 80% de las violaciones a los derechos humanos y el 87% de los desplazamientos forzados de poblaciones se produjeron en las regiones en las que las multinacionales perpetran la extracción minera. El 78% de los atentados contra sindicalistas se produjeron en el sector minero. 

El Terrorismo de Estado es empleado para producir parálisis de las reivindicaciones sociales y para producir masivos desplazamientos poblacionales favorables al gran capital; la mitad del territorio colombiano está tramitado en concesión por multinacionales mineras. La estrategia de desplazamiento poblacional también es utilizada para despoblar el campo de la base social de la insurgencia.

Masacrar personas con motosierras se una a esta práctica criminal. Varios paramilitares han confesado hornos crematorios dónde metían a sus víctimas vivas, criaderos de caimanes con los cuerpos de los desaparecidos, empalamientos, violaciones colectivas y otras aberraciones. Las víctimas sobrevivientes narran las torturas más atroces. El ejército no se queda atrás en la barbarie; las masacres son cometidas con su total colaboración. 

Hay miles de casos que atestiguan del paramilitarismo como política de Estado, y del accionar conjunto de la fuerza militar y paramilitar: como la masacre de Cacarica, cuando entre otras atrocidades, los militares y los paramilitares jugaron fútbol con la cabeza del líder comunitario Marino López, obligando a la población a asistir al horror.

El Terrorismo de Estado tiene la finalidad de desplazar poblaciones y someterlas. Las estrategias empleadas contra el pueblo colombiano, afiladas por “formadores” estadounidenses e israelíes, son también empleadas en otros países como método de control social, contra insurrección o sabotaje: México, Honduras, Perú, Paraguay, y hasta en Venezuela donde la oligarquía recurre de manera creciente al paramilitarismo.

Para conseguir la paz en Colombia haría falta el desmonte de la estrategia de guerra sucia implementada desde el Estado, y cambios estructurales en el modelo económico que garanticen a todos una vida digna. 

Estos cambios imprescindibles han sido reclamados en las Conversaciones de Paz entre la guerrilla y el gobierno; tanto por la insurgencia de las FARC, como por las reivindicaciones que el pueblo colombiano a enviado a La Habana. Pero el tema de “La Paz” ha sido mil veces manipulado por la oligarquía, que es la que le hace la guerra al pueblo desde hace siglos: las distintas conversaciones entre la guerrilla y el Estado siempre se han truncado cuando le correspondía al gobierno concretar cambios estructurales. 

La oligarquía no está dispuesta a un cambio de modelo de desarrollo, ni a una reforma agraria, ni a respetar la soberanía alimentaria; porque es en el actual modelo que se enriquece, a costillas del pueblo. Tampoco el capitalismo transnacional aceptará que se cambie el modelo extractivista de la mega-minería y del agro-industrial que garantiza a los capitalistas un enriquecimiento vertiginoso; y son temas indispensables para el pueblo: hay contradicciones de clase fundamentales.

Según Zamudio, en los diálogos de La Habana se han podido conocer las propuestas políticas de la insurgencia sobre infinidad de temas; una documentación muy interesante que lamentablemente ha sido obviada en los grandes medios. Y también hay que señalarlo, ha sido poco difundida por los medios alternativos internacionales, los que podrían aportar un balón de oxígeno informativo a un pueblo sometido al terror de Estado, que continúa en escalada bajo los auspicios del padrino estadounidense. 

Los colombianos deseamos una paz con justicia social, porque de seguir la situación de expolio y explotación actual, no existe verdadera paz para el pueblo, dado que seguirá siendo víctima de miseria, exclusión, muertes por enfermedades curables, muertes de hambre, y represión sistemática por parte de los explotadores. 

La guerra económica es el primer verdugo contra el pueblo colombiano; la segunda causa de víctimas es la Guerra Sucia adelantada desde el mismo Estado y sus aparatos represivos oficiales y paramilitares; estas son realidades documentadas, sobre las que sin embargo callan los medios de alienación masiva. Porque para los propietarios de los medios, la muerte del pueblo no constituye una guerra, solamente conciben que hay guerra desde el momento en que sus intereses son tocados; es solamente a partir del momento en que hay insurgencias contra el modelo de saqueo, que los capitalistas definen que hay guerra. 

Por eso el tema de la paz con justicia social es clave para el pueblo colombiano, porque no queremos una “paz de los cementerios” en la que los explotadores puedan seguir capitalizando sobre la muerte de montañas, ríos y niños, concluye Zamudio.