La región de La Guajira, departamento al norte del territorio Colombiano con unos 965 mil habitantes, alberga en su gran mayoría (44.82 por ciento), población indígena perteneciente a la etnia wayuu.

De estos habitantes, el 28.7 por ciento son niños entre los 0 a 13 años y es la población que más preocupa por la violación constante y sistemática de sus derechos humanos; desde el 2014, se han contabilizado más de cinco mil muertes de menores indígenas por desnutrición y la cifra hasta el día de hoy, sigue siendo preocupante.

La estadística refleja que a la semana un niño indígena muere por desnutrición y, lo más grave, se estima que la cifra de subregistro de morbimortalidad puede ser mayor al 70 por ciento, en un territorio castigado por la dura sequía.

La problemática en una región desértica como La Guajira, donde la temperatura alcanza 40 grados centígrados, es el desabastecimiento de agua potable (en la zona rural solo se abastece el nueve por ciento del territorio) que garantice la supervivencia de las comunidades indígenas.

Golpeada por la falta de este recurso vital, adicional la zona ha padecido el impacto de la extracción minera, durante 36 años, que ha incidido directa e indirectamente en los ríos, pozos o afluentes de agua, que bañaban la geografía de La Guajira de manera natural.

Este impacto ambiental, se ha visto reflejado en largas épocas de sequía, que han frenado e incluso anulado, los ciclos de siembra naturales, que garantizaba el sustento permanente y suficiente de las comunidades indígenas durante todo el año.

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En el año 2017 y ante la grave situación de los niños indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorga medidas cautelares y ordena al gobierno Colombiano accionar planes urgentes para frenar las muertes de menores asociadas a la desnutrición.

Adicionalmente el mismo año, la Corte Constitucional de Colombia publicó la Sentencia T-302 del 2017, que evidencia el estado de cosas inconstitucional en La Guajira y exige al Presidente de la República y a 14 instituciones nacionales y regionales (Ministerios, Gobernaciones y Alcaldías), para la construcción de un plan de acción en el territorio.

El plan de corto, mediano y largo plazo, debería impactar de manera directa y dar solución al problema de agua potable, alimento suficiente, permanente y nutritivo; acceso efectivo al sistema de salud y participación genuina a la comunidad wayuu, dentro de la construcción de las políticas públicas.

Pero hoy, tres años después, de la publicación de la sentencia, este plan de acción aún no ve la luz, pues el Gobierno Colombiano ha solicitado dos prórrogas para su presentación y en la actualidad, el magistrado encargado en el Tribunal de Riohacha estudia la posibilidad de otorgarle un tercer aplazamiento.

Lo más preocupante es que desde la publicación de la sentencia se contabilizan 63 niños indígenas fallecidos y en el territorio se reportan más de 784 menores con casos graves de desnutrición.

Se estima que, para el final de año, la cifra aumentará a mil 700 niños en riesgo de morir por hambre y sed, si no se implementan planes efectivos para su recuperación.

Los wayuu, y en general la población de La Guajira, están a la espera de que se materialice el cumplimiento de esta orden judicial y de las 10 sentencias anteriores, para que la región supere el estado de cosas inconstitucionales y los niños indígenas vivan y con ellos continúe la casta de uno de los pueblos indígenas más emblemáticos de Latinoamérica.

*Veeduría ciudadana para la implementación de la Sentencia T-302 del 2017