La Amazonía brasileña ha aparecido recientemente en las noticias internacionales por malas razones: un crecimiento récord en la deforestación; el contrabando ilegal de madera, pescado y drogas; y el asesinato de indígenas y ambientalistas, los últimos bastiones contra los avances criminales de mafias que quieren robar las riquezas de la región o ampliar las fronteras de sus negocios.
 
Estas organizaciones criminales sin escrúpulos, a menudo aliadas con las autoridades locales, están detrás también de los asesinatos, a principios de junio, del indigenista brasileño Bruno Pereira y el periodista británico Dom Phillips.
 
Los crímenes en la zona, en especial los homicidios con repercusión internacional, deberían haber impactado de forma negativa en la candidatura del presidente Jair Bolsonaro, quien busca la reelección en los comicios del 2 octubre. Pero no ha sido así. Lo que es claro es que Bolsonaro debe irse del poder si queremos salvar la Amazonía.
 
Las encuestas electorales más recientes muestran que hay una diferencia de 18 puntos a favor del expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva sobre Bolsonaro, pero la cifra varía muy poco respecto a las que se realizaron antes de los asesinatos de Pereira y Phillips, o de la crisis de criminalidad y deforestación en la zona.

Bolsonaro no ha perdido votos pese a la erosión de la imagen de Brasil en el exterior con su actuación sobre la Amazonía. Incluso, ha recuperado algunos en los últimos meses debido a las ayudas económicas a la población, que aprobó con claros fines electorales.
 
Durante el gobierno de Bolsonaro se han desmantelado dispositivos que protegían los territorios indígenas y el presidente ha señalado que no hará nuevas asignaciones de tierras para los pueblos originarios, además de buscar legalizar la pesca y la minería en esas tierras protegidas por la ley.
 
Bolsonaro desmanteló a la Funai, una institución estatal que apoya a las comunidades indígenas, al igual que el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Ha mirado para el otro lado ante el avance de mafias de contrabandistas e incluso retiró de la zona a las Fuerzas Armadas.

En los últimos años, Bolsonaro ha trabajado para desmantelar el sistema de protección legal que se estableció en 1953, a través de una ley federal para los nueve estados que forman parte de la Amazonía Legal. La ley señalaba que es obligatorio que los propietarios rurales de la zona protejan la mitad de la vegetación amazónica dentro de sus fincas. En 2012, una reforma elevó esta protección a 80%.
 
Solo en los primeros seis meses de 2022, la selva amazónica perdió 4,789 kilómetros cuadrados, el valor más alto registrado en 15 años de monitoreo por parte de la organización Imazon.
 
Cuatro de cada 10 brasileños piensan que el gobierno fomenta las ilegalidades en la Amazonía en lugar de combatirlas. Pero quienes están indignados son las élites progresistas urbanas, no la mayoría de la población. Por el contrario, tres de cada 10 brasileños creen que el presidente actúa correctamente en la región, pese a todas las evidencias en contra.

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Los votantes de Bolsonaro creen que, si estos negocios emplean gente y crean riqueza, deberían poder extenderse y arrasar con el bosque. Ni siquiera creen que se deba proteger la cultura de los pueblos ancestrales y están a favor de una asimilación forzada.
 
Hay una parte de la población que vive en la propia Amazonía que también piensa como los bolsonaristas. Beto Marubo, miembro de la Organización Indígena Univaja, para quien trabajaba Bruno Pereira y que tiene entre sus objetivos luchar por la protección de 16 aldeas aisladas, opina  que “el ciudadano promedio de la Amazonia piensa que hay que avanzar sobre el territorio indígena, porque solo los negocios ilegales les dan ganancias y sustento. No hay conciencia de que esto está destruyendo el planeta”.

Lo que dice Marubo es muy emblemático de lo complejo que es el problema de la Amazonía. No se trata solo de la actuación criminal de las mafias de contrabandistas y narcotraficantes. También es la ausencia del Estado para proveer educación y oportunidades a las comunidades que viven en la selva. Sin educación y sin trabajo, estas terminan obligadas a trabajar para las redes de trabajo ilegal.
 
Organizaciones como Univaja, que junto con las comunidades originarias buscan proteger el bosque, son vistas por Bolsonaro y sus seguidores como enemigos. Marubo y la Univaja también han denunciado que en la Amazonía, donde los habitantes originarios tienen poco o ningún contacto con hombres blancos, el gobierno de Bolsonaro ha dado permiso de que lleguen cada vez más misioneros de Iglesias pentecostales estadounidenses.

“Esto es una plaga, primero porque con un estornudo pueden exterminar a toda una tribu: los indígenas que tienen poco contacto con el exterior no tienen inmunidad ante las enfermedades. Segundo, es un ataque a nuestra cultura, a nuestra ascendencia, venir aquí a ‘catequizar’ y destruir como ya se hizo antes”, dijo Marubo.
 
En esta elección la Amazonía ya tiene una fuerza en la agenda electoral que antes no tenía. El expresidente Lula, quien durante su gestión impulsó acciones para proteger la selva, se apresuró a señalar la urgencia del tema amazónico en sus discursos después de los asesinatos de Pereira y Phillips.

Pero, aunque Lula tenga más compromiso con esta causa que Bolsonaro, tampoco puede pelearse con los propietarios agrícolas, quienes forman una parte importante del empresariado cuyo apoyo necesita.

Para empezar a salvar la Amazonia es necesario que Bolsonaro deje la presidencia al terminar este mandato. La región no está como para otros cuatro años de destrucción. Brasil y el mundo necesitan conservar el bosque tropical más extenso del planeta.