Trump se quedó con más de 700 páginas de documentos clasificados
The New York Times publicó que la correspondencia, enviada por los Archivos Nacionales a los abogados del expresidente, describe el estado de alarma en el Departamento de Justicia cuando los funcionarios comenzaron a comprender la naturaleza del material llevado a Mar-a-Lago.
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Trump se quedó con más de 700 páginas de documentos clasificados
El presidente Donald Trump se llevó más de 700 páginas de documentos clasificados, incluidos algunos relacionados con las operaciones de inteligencia más encubiertas del país, a su club privado y residencia en Florida cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021, según una carta que los Archivos Nacionales enviaron a sus abogados este año.
La carta, fechada el 10 de mayo y escrita por la archivista en funciones de Estados Unidos, Debra Steidel Wall, dirigida a uno de los abogados de Trump, M. Evan Corcoran, describía el estado de alarma en el Departamento de Justicia cuando los funcionarios del mismo comenzaron a darse cuenta cuán delicados eran los documentos.
También sugería que los principales fiscales del departamento y los miembros de la comunidad de inteligencia se retrasaron en la realización de una evaluación de daños sobre la retirada de los documentos de la Casa Blanca mientras los abogados de Trump trataban de argumentar que algunos de los materiales podrían haber estado protegidos por el privilegio ejecutivo.
La carta fue revelada el lunes por la noche por uno de los aliados de Trump en los medios de comunicación, John Solomon, quien también es uno de los representantes del expresidente ante los archivos. Los archivos procedieron entonces a publicar la carta el martes.
The New York Times reportó el lunes que los investigadores habían recuperado más de 300 documentos con etiquetas de clasificado de Mar-a-Lago, la residencia y club privado de Trump, y que cada documento podría comprender varias páginas.
La carta de los archivos se hizo pública poco después de que los abogados de Trump presentaran una moción legal el lunes pidiendo a un juez federal en Florida que nombrara un árbitro independiente, conocido como perito especial (special master), para eliminar cualquier documento protegido por el privilegio ejecutivo de un hallazgo retirado durante un cateo del FBI en Mar-a-Lago el 8 de agosto.
La moción, presentada en el Tribunal Federal de Distrito en el sur de Florida, se produjo cuando otro juez federal estaba decidiendo qué parte —si es que hay alguna— de la declaración jurada subyacente utilizada para justificar la orden de registro debe hacerse pública.
Solomon, que apareció el martes en un pódcast dirigido por Stephen Bannon, exayudante de Trump en la Casa Blanca, intentó insinuar que la carta de Wall implicaba de alguna manera al presidente Joe Biden en la lucha por los documentos clasificados. En un punto de la carta, Wall le decía a Corcoran que Biden había estado de acuerdo con ella y otros en que los intentos de Trump de hacer valer el privilegio ejecutivo sobre los materiales eran infundados.
Pero la carta nunca indicó que Biden estuviera a cargo de la decisión de rechazar las reivindicaciones de privilegio de Trump o que tuviera algo que ver con el registro de Mar-a-Lago, como insinuó Solomon.
Una carta dirigida a Corcoran por la archivista en funciones de EE. UU. sugería que los principales fiscales del Departamento de Justicia y los miembros de la comunidad de inteligencia se demoraron en realizar una evaluación de daños sobre la retirada de documentos clasificados de la Casa Blanca.
De hecho, la carta podría implicar aún más a Trump en un posible delito. Confirma, por ejemplo, que el expresidente había guardado en Mar-a-Lago documentos relacionados con los Programas de Acceso Especial, algunos de los secretos mejor guardados del país, antes de que el FBI registrara la propiedad.
El Times había informado anteriormente que la investigación se debió en parte a un esfuerzo por recuperar documentos relacionados con programas de acceso especial, una designación que generalmente se reserva para operaciones extremadamente sensibles realizadas por Estados Unidos en el extranjero o para tecnologías y capacidades reservadas.
El cateo formaba parte de una investigación más amplia sobre si el expresidente había retenido voluntariamente documentos de defensa nacional altamente sensibles y había obstruido una investigación federal.
La carta también ahondaba en el conocimiento de las idas y venidas entre los archivos y los abogados de Trump sobre cómo manejar la recuperación de los papeles.
Describe cómo los funcionarios de los archivos tuvieron “comunicaciones continuas” con los representantes de Trump el año pasado sobre los registros presidenciales que faltaban en sus registros. Esas comunicaciones, escribió Wall, dieron lugar a que los archivos recuperaran 15 cajas de materiales en enero, algunas de las cuales contenían información altamente clasificada, marcada como ultrasecret y otras que estaban relacionadas con los Programas de Acceso Especial.
Pero incluso después de que los archivos recuperaron los registros, según la carta, los abogados de Trump, en consulta con la Oficina del Asesor de la Casa Blanca, pidieron tiempo para determinar si los documentos estaban protegidos por el privilegio ejecutivo, y cuántos eran, lo que llevó a negociaciones que retrasaron la evaluación de los materiales por parte del FBI, el Departamento de Justicia y la comunidad de inteligencia.
Esas negociaciones continuaron hasta abril, incluso cuando Wall alertó a los abogados de Trump sobre la “urgencia” de la solicitud de las agencias para ver los documentos, que afectaban a “importantes intereses de seguridad nacional”, según la carta.
Wall rechazó finalmente las alegaciones de Trump de que existía privilegio ejecutivo tras consultar con un alto funcionario del Departamento de Justicia, una decisión a la que Biden se remitió. Como escribió Wall a Corcoran, antes de alertarlo en mayo de que los archivos entregarían pronto los documentos al FBI, “el asunto en este caso no está cerrado”.
“El poder ejecutivo aquí está buscando el acceso a los registros que pertenecen y están bajo la custodia del propio gobierno federal”, escribió Wall, “no solo para investigar si esos registros fueron manejados de manera ilegal, sino también, como explicó la división de seguridad nacional, para ‘llevar a cabo una evaluación del daño potencial resultante de la forma en que aparentemente estos materiales fueron almacenados y transportados”.
La decisión de Solomon de dar a conocer la carta hizo algo más que confirmar que Trump se había quedado con algunos de los secretos mejor guardados del país en su club frente a la playa en Florida, un lugar relativamente inseguro. También reveló que mucho antes de que los abogados de Trump argumentaran en su presentación judicial del lunes que muchos de los registros estaban protegidos por el privilegio ejecutivo, ese mismo argumento ya había sido rechazado por la Casa Blanca y un alto funcionario del Departamento de Justicia.
La presentación ante el tribunal también parecía en ocasiones presentar argumentos que en última instancia podrían perjudicar a Trump.
Una larga sección de la moción, “El apoyo voluntario del presidente Donald J. Trump”, estaba dedicada a describirlo como si hubiera cooperado plenamente con los archivos y el Departamento de Justicia desde el principio. Pero leído de una manera ligeramente diferente, los hechos expuestos en la sección podrían interpretarse como una prueba de que Trump había obstruido, en cambio, la investigación sobre los documentos.
La sección señalaba que devolvió voluntariamente el primer lote de 15 cajas a los archivos, y luego —un día después de que se enviara la carta de Wall a Corcoran— “aceptó la notificación de un requerimiento del gran jurado” para reclamar más documentos con “marcas de clasificación”.
También describía cómo, incluso después de que un alto fiscal de seguridad nacional fuera a Mar-a-Lago para recuperar los documentos solicitados en la citación, el Departamento de Justicia se sintió obligado a emitir una segunda citación. Se trataba de las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la propiedad, lo que sugiere que los fiscales estaban preocupados de que Trump y sus abogados no hubieran sido del todo comunicativos.
