Trump hizo mucho para justificar un juicio político, ¿qué espera el Congreso de EE.UU.?
Según The Washington Post, Trump violó su deber de ejecución fiel a la nación, no sólo porque probablemente violó la ley, sino también porque, a través de su desprecio por la ley, puso su interés propio en primer lugar.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho lo suficiente como para justificar que contra él se realice un juicio político, advirtó el influyente diario The Washington Post en un amplio análisis.
De acuerdo con un informe del periódico, una de las decisiones más delicadas que tomaron los redactores de la Constitución de Estados Unidos fue considerar al Presidente como un fiduciario, al gobierno de los Estados Unidos como un deber sagrado y a su pueblo como los beneficiarios de ese deber.
A través de la Constitución, los autores impusieron al presidente el deber y la obligación de "velar por la fiel ejecución de las leyes" y le hicieron jurar que cumpliría con ese deber de fiel ejecución.
Creían que un presidente rompería su juramento si se dedicaba al auto-trabajo, si usaba sus poderes para poner sus propios intereses por encima de los de la nación. Ese sería el caso paradigmático para un juicio político.
Según The Washington Post, eso es exactamente lo que parece estar en juego hoy. Un informante estadounidense presentó una denuncia ante el inspector general de la comunidad de inteligencia tan alarmante que la calificó de "preocupación urgente" y alertó a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.
Aunque los detalles permanecen en secreto, aparentemente todo esto puede ser recogido: La queja es contra el presidente. Se trata de una "promesa" que el presidente hizo, al menos en una llamada telefónica, a un líder extranjero. Y esto implica a Ucrania y una posible interferencia en las próximas elecciones presidenciales.
La denuncia está siendo suprimida descaradamente por el Departamento de Justicia, desafiando una ley de denunciantes que dice, sin excepción, que la denuncia "será" entregada al Congreso.
El pasado jueves en la noche, durante una entrevista concedida a CNN, Rudolph W. Giuliani, abogado personal de Trump, reconoció que ha estdo tratando de persuadir al gobierno ucraniano para que investigue, entre otras cosas, a uno de los potenciales oponentes demócratas del mandatario, el exvicepresidente Joe Biden, y al hijo de Biden, Hunter, acerca de la participación de este último en una compañía de gas ucraniana.
Trump retrasó la entrega de 250 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, que está bajo la presunta amenaza constante de la vecina Rusia. Tuvo una conversación telefónica el 25 de julio con el Presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania.
Según el gobierno ucraniano, el llamamiento incluía una discusión sobre la necesidad de Ucrania de "completar la investigación de los casos de corrupción, lo que inhibió la interacción entre Ucrania y Estados Unidos".
Así que parece que el presidente pudo haber usado sus poderes oficiales - en particular, quizás la amenaza de retener un cuarto de billón de dólares en ayuda militar - para presionar a un gobierno extranjero para que le ayudara a derrotar a un potencial oponente político en los Estados Unidos.
Si Trump hiciera eso, sería el último acto impugnable. Trump ya ha hecho más que suficiente para justificar el juicio político y la destitución con sus implacables intentos, en múltiples frentes, de sabotear la contrainteligencia y la investigación criminal por el entonces abogado especial Robert S. Mueller III y de ocultar las pruebas de esos intentos.
Los esfuerzos del presidente fueron impugnables porque, al cometer esos actos obstruccionistas, puso sus intereses personales por encima de los de la nación: Intentó detener una investigación sobre si una potencia extranjera hostil, Rusia, intentó interferir con nuestra democracia, simplemente porque parecía encontrarla personalmente embarazosa. Trump violó su deber de ejecución fiel a la nación, no sólo porque probablemente violó la ley, sino también porque, a través de su desprecio por la ley, puso su interés propio en primer lugar.
Sin embargo, las acusaciones actuales de denuncia de irregularidades son aún peores. A diferencia de las acusaciones de conspiración con Rusia antes de las elecciones de 2016, éstas se refieren a las acciones de Trump como presidente, no como ciudadano particular, y al ejercicio de sus poderes presidenciales sobre la política exterior con Ucrania.
Además, con Rusia, al menos hubo un intento de obtener los hechos a través de la investigación Mueller; aquí la Casa Blanca está tratando de cerrar toda la investigación desde el principio, privando no sólo al pueblo estadounidense, sino incluso a los comités de inteligencia del Congreso, de la información necesaria.
Ya es hora de que el Congreso cumpla con su deber, de la manera en que los creadores de la propuesta. Dado cómo parece que Trump siempre se ha empeñado en ponerse por encima de la ley, algo como lo que podría haber ocurrido entre él y Ucrania - abusar de la autoridad presidencial para beneficio personal - era casi inevitable.
Sin embargo, si eso es lo que ocurrió, parte de la responsabilidad recae en el Congreso, que no ha actuado ante la flagrante obstrucción que Mueller detalló hace meses.
La dilación del Congreso probablemente ha envalentonado a Trump, y corre el riesgo de envalentonar a futuros presidentes que podrían resultar ser de su lamentable calaña. Para tomar prestada una vez más la inquietante metáfora de la era Watergate de John Dean, hay un cáncer en la presidencia, y los cánceres, si no se extirpan, sólo crecen.
El Congreso tiene el deber de usar las herramientas proporcionadas por la Constitución para extirpar ese cáncer ahora, antes de que sea demasiado tarde. Como dijo Elbridge Gerry en la Convención Constitucional de 1787 en Filadelfia, "Un buen magistrado no temerá [los juicios]. Uno de los malos debe tener miedo de ellos." A estas alturas, el Congreso debería saber quién es Trump.
