El peligro del retroceso de las políticas inclusivas que fueron el sello durante la presidencia de Evo Morales en Bolivia, es el mayor peligro que se cierne hoy en ese país tras el golpe de Estado que dio paso a un Gobierno de facto, afirmó un artículo de la revista Foreing Affairs.

La publicación advirtió que el autoproclamado gobierno interino que sucedió a Morales, "encabezado por la exsenadora Jeanine Áñez y un grupo de figuras derechistas, ya está dando pasos en esta dirección, con miembros del gabinete tratando de desacreditar al expresidente y amenazando con arrestar a partidarios y periodistas".

 

Sin embargo, el líder indígena conserva un considerable apoyo popular, y cualquier intento de deshacer su legado corre el riesgo de enviar al país por un camino incierto y peligroso hacia un conflicto político y una violencia prolongados,  destacó.

El material periodístico reconoce que Bolivia también tuvo un buen desempeño económico y Morales combinó su retórica con la nacionalización con políticas moderadas, dio la bienvenida a los inversionistas extranjeros en los lucrativos sectores minero y de hidrocarburos de Bolivia, al tiempo que incrementó los impuestos que pagaban, lo que produjo un crecimiento constante, una baja inflación y un extraordinario aumento de los ingresos del Estado.

 

Los ingresos por ese concepto, el gobierno liderado  por Evo los gastó en infraestructura básica, educación, salud y en seguridad social, recordó Foreing Affairs.

El artículo también enfatizó que los nuevos impuestos ayudaron a financiar programas sociales que permitieron a Bolivia reducir la desigualdad de ingresos más drásticamente que cualquier otro país de la región.

Tal es el poder de permanencia de estas políticas sociales que Carlos Mesa, el principal adversario de Morales en las elecciones de 2019, prometió mantenerlas en caso de ser elegido, señaló la decana revista, fundada en 1922.

Sin embargo, la regresión es lo que puede esperarse. El gobierno interino de Áñez parece tener la intención de desacreditar no sólo a Morales sino a todo su partido como actores legítimos de la política boliviana, acotó.

Áñez amenazó en principio con convocar nuevas elecciones por decreto presidencial, un paso que le daría un amplio margen de maniobra para impedir que los candidatos del Movimiento Al Socialismo (que condujo a Bolivia durante los últimos 13 años) se presenten.

Arturo Murillo, el nuevo ministro del Interior con mano dura, ha prometido "cazar" a los miembros del viejo gobierno.

En una muestra de profunda animosidad racial, el gobierno ha tomado medidas enérgicas contra los manifestantes indígenas pro-Morales al usar munición real y llegó a eximir preventivamente a los militares de toda responsabilidad penal por el uso de la fuerza contra los manifestantes.

 

Esta represión causó más de una treintena de muertos y centenares de heridos durante las movilizaciones acontecidas en el país.

Entretanto, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) ratificó su cuestionamiento al informe presentado por la Organización de Estados Americanos sobre presuntas irregularidades en las elecciones generales del 20 de octubre en Bolivia.

El Celag aseguró que dicha resolución “no aporta prueba alguna” que pudiera resultar definitiva para demostrar que hubo fraude esos comicios.

Coincidiendo con el golpe de Estado del domingo 10 de noviembre, la OEA hizo público su informe de “ Análisis de Integridad Electoral Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia 20 de octubre de 2019–Hallazgos preliminares. Informe a la Secretaría General”.

El documento de 13 páginas concluye que, de acuerdo con los hallazgos preliminares, el equipo auditor no puede validar una victoria en primera vuelta y que las manipulaciones al sistema informático son de tal magnitud que deben ser profundamente investigadas por parte del Estado boliviano.

La Celag -entidad creada en 2014 y dedicada a la investigación, estudio y análisis de los fenómenos políticos, económicos y sociales de América Latina- consideró que la auditoría de la OEA es cuestionable.

En ese sentido, advirtió que  la OEA trató de “inducir en la opinión pública una deducción falsa: que el incremento de la brecha a favor de Evo Morales en el tramo final del conteo fuera ampliándose por causas fraudulentas y no por las características sociopolíticas y las dinámicas de comportamiento electoral que se dan entre el mundo rural y el urbano en Bolivia”.

Evo Morales ganó en primera vuelta la justa electoral con el 47 por ciento de los votos y 10 puntos de diferencia con su adversario, Carlos Mesa.

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