ALBA-TCP rechaza sanciones de EE.UU. contra Nicaragua
Los países del ALBA rechazan enérgicamente las recientes medidas injerencistas y coercitivas de Estados Unidos contra funcionarios nicaragüenses.
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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), rechazaron las recientes medidas injerencistas, coercitivas, unilaterales y violatorias del derecho internacional de la Administración estadounidense contra Nicaragua.
El organismo hace referencia al reciente anuncio hecho por el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, en contra de dos altos funcionarios del Gobierno nicaragüense, el jefe de las Fuerzas Armadas de ese país, Julio César Avilés, y el ministro de Hacienda, Iván Acosta.
“La Alianza repudia la promoción de este tipo de acciones en medio de una pandemia global, pues evidencia una gravísima falta de ética y humanidad del Gobierno estadounidense”, señaló el mecanismo de integración a través de un comunicado publicado el lunes.
Agregó que, esa postura de Washington constituye una medida errática y desesperada que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha pretendido aplicar a los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe.
La ALBA-TCP hizo un llamado a la comunidad internacional a rechazar este tipo de intimidaciones y a salir en defensa de los principios del respeto a la soberanía, la libre autodeterminación e independencia de los Estados.
También ratificaron su solidaridad y apoyo tanto al Gobierno de Nicaragua presidido por Daniel Ortega como al pueblo nicaragüense quienes están “comprometidos con la paz y con el desarrollo de políticas de unidad nacional a través del diálogo”.
Estados Unidos ha sostenido una campaña de medidas coercitivas y amenazas contra países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, medidas unilaterales e ilegales que solo fomentan el terrorismo económico, según denuncian autoridades nicaragüenses.
Desde 2017, la Administración de Trump ha sancionado a una veintena de altos funcionarios, familiares y allegados al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, entre ellos su esposa y vicepresidenta, dos de sus hijos y los principales jefes de la Policía, el Parlamento y el Tribunal Electoral.
Pese a las presiones de Estados Unidos, el Gobierno nicaragüense ha mostrado su determinación para seguir trabajando a fin de recuperar la paz social y la estabilidad económica en el país.
