La sentencia también prohíbe a cualquier medio audiovisual, escrito o electrónico del Líbano, publicar entrevistas o declaraciones de la embajadora estadounidense.

En una conversación telefónica con Al Mayadeen, el juez confirmó que  su sentencia seguía las normas diplomáticas que impiden que los embajadores interfieran en los asuntos internos de los países en los que están acreditados.

El juez después de emitir una sentencia  judicial preguntó cómo la embajadora estadounidense podría responsabilizar a un partido libanés por la crisis económica, ya que este asunto no le compete.

La embajadora estadounidense en el Líbano, dijo que "los libaneses no sufren la política de Washington, sino de décadas de corrupción".

"Tenemos una gran preocupación de Hizbullah en el Líbano, el cual clasificamos como un grupo terrorista, y construyó un estado dentro del estado que desgastó al Líbano y le costó al estado libanés miles de millones de dólares que fueron a Hizbullah en lugar del tesoro del gobierno", dijo Shea en una entrevista de prensa.

Con respecto a la ley César, declaró: "El propósito de la ley César es agotar el financiamiento que se le da al régimen que mata a los civiles sirios, y he asegurado antes  a los  ciudadanos  libaneses  que la Ley no está apuntando contra ellos, sino contra el régimen de Al-Assad y sus partidarios".

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En otro contexto, Shea describió el movimiento de protestas del "17 de octubre" como una demanda, orgánica y espontánea, subrayando que "las demandas libanesas son correctas y el gobierno debe cumplir con las demandas del movimiento de protestas del 17 de octubre".

Señaló que existen sanciones que pueden afectar a los aliados y partidarios de Hizbullah que son de otras sectas, y agregó que el Secretario General de Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah, "amenaza la estabilidad del Líbano y Hizbullah impide una solución a la crisis económica".

Agregó que "el gobierno de Diab aún no ha emprendido las reformas prometidas, y apoyamos un gobierno independiente sin el control de Hizbullah, y que sea formado de  especialistas tecnócratas".

La embajadora de los Estados Unidos en el Líbano, Dorothy C. Shea, respondió a la decisión judicial libanesa en su contra a través del canal libanés diciendo que: "Esperaba que pasaran su tiempo tratando para resolver los problemas que enfrenta el país que sufre una crisis económica y que llevó a las personas a preocuparse por conseguir comida en la mesa pero no, entonces por qué La Embajada de los Estados Unidos de América va a guarda silencio. No, no guardará silencio".

"Hemos escuchado disculpas del gobierno libanés por la decisión de este juez, y la libertad de expresión del pueblo libanés debe ser preservada", agregó.

Por su parte, la ministra de Información, Manal Abdul Samad,  declaró: “Me puse en contacto con el primer ministro Hassan Diab y con mis colegas en el gobierno y resultó ser que nadie se había disculpado con la embajadora estadounidense y que el gobierno libanés respeta el poder judicial”.  

El juez Muhammad Mazeh dijo a la prensa: "mi decisión (sentencia) es judicial por excelencia y basada en las disposiciones del derecho internacional y la convención de Viena que se relacionan con el trabajo diplomático, y que impiden que cualquier embajador interfiera en los asuntos internos de cualquier país, entonces, ¿cómo sería el caso si esta interferencia toma la naturaleza de la incitación que conduce a la sedición y la intriga?"