La Fiscalía del Reino tomó la decisión de liberar a esos detenidos, en todas las provincias, en un esfuerzo por hacer cumplir las medidas en todo su sistema de justicia y demostrar que actúa de conformidad con las normas establecidas en la Ley de procedimiento penal del país.

Según Saudi Gazette, la Fiscalía también se ha propuesto velar por que los derechos individuales de los detenidos sean atendidos y cumplidos, y por que se compruebe constantemente la legalidad y la validez de sus detenciones.

Como parte de esas medidas, los funcionarios de la fiscalía, según se informa, visitan las cárceles y los centros de detención en cualquier momento al azar para asegurarse de que ningún preso sea detenido ilegalmente, que se escuchen las quejas de los detenidos y que se emprendan los procedimientos legales correctos.

A pesar de los informes sobre la puesta en libertad de mil 500 detenidos y el mantenimiento de los derechos de los presos, muchos sospechan que esos detenidos son sospechosos de delitos menores y comunes, mientras que los detenidos políticos y los "presos de conciencia" no se encuentran entre ellos.

Se informa que los presos políticos han sufrido abusos y torturas a manos de las autoridades sauditas y los guardias de prisión. Entre ellos hay activistas, periodistas, estudiosos islámicos e incluso miembros de la familia real saudita que han sido detenidos en los últimos cinco años debido a la amenaza que supuestamente representan para el poder del príncipe heredero Mohammed Bin Salman.