Bolivia pedirá extradición de exministro golpista detenido en EE.UU.
A Arturo Murillo el Departamento de Justicia de EE.UU. le sindica de lavado de dinero y corrupción. Ministro de gobierno boliviano califica de clan mafioso la relación de los detenidos y la exmandataria Jeanine Añez.
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El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien formó parte del gabinete golpista de Jeanine Áñez, podría recibir una pena de 20 años de prisión.
Bolivia pedirá a Estados Unidos la extradición de dos exfuncionarios del Gobierno de facto (2019-2020) quienes están involucrados, según evidencia surgida en los últimos días, en una compra con sobreprecio de armas y otros artículos destinados a los cuerpos de seguridad pública.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, explicó en conferencia de prensa detalles de la causa que el Buró Federal de Investigaciones (FBI), desde Estados Unidos, ha desarrollado para la detención de Rodrigo Méndez, jefe de gabinete y mano derecha del exministro Arturo Murillo.
En su comparecencia, Del Castillo señaló que el gobierno boliviano solicitará a Washington la extradición de Méndez y también de Murillo.
El titular calificó de "clan mafioso" la relación entre Méndez y Murillo y extendió sus acusaciones a la exgobernante de facto, Jeanine Áñez, quien guarda prisión provisional por otras causas.
La detención de Méndez por el FBI responde a los delitos de lavado de dinero y soborno, los cuales estarían relacionados con el desvío y reparto del dinero en la compra de gases lacrimógenos y otras armas letales gestionado por Arturo Murillo y Rodrigo Méndez en los primeros días de su gestión, tras el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.
"Pedimos la activación del sello azul y posteriormente del sello rojo. Enviaremos notas correspondientes al Gobierno norteamericano" para la extradición, anunció Del Castillo.
De acuerdo con los datos ofrecidos por el ministro de Gobierno, la compra de estos materiales e insumos tuvo un costo total por el equivalente de 5 600 000 de dólares, aunque el precio real supondría apenas el equivalente de unos 3 300 00, lo cual supone, de acuerdo a Castillo, un "robo al pueblo boliviano".
Entretanto, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, se suma al pedido de extradición y remitirá dicha solicitud a la Cancillería para que realice las respectivas gestiones: "Vamos a promover desde el Senado, de manera oficial, ante la Cancillería y ante las instancias que correspondan, la extradición", dijo.
Ya en octubre de 2020, el parlamento boliviano aprobó el informe final de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la compra de material no letal contra disturbios, que recomendaba remitir una copia a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar acciones legales contra cuatro autoridades.
Mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó en su sitio web, mediante comunicado de prensa, que bajo los cargos de lavado de dinero y corrupción, detuvo en el estado de Florida al exministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, quien ejerció sus funciones durante el mandato de la expresidenta golpista, Jeanine Áñez.
“El exministro de Gobierno de Bolivia y otro exfuncionario están acusados de recibir sobornos pagados por una empresa estadounidense e individuos para asegurar un contrato con el Gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos”, anuncia el comunicado.
Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia detalla que “dos ciudadanos bolivianos y tres ciudadanos estadounidenses fueron arrestados el 21 y 22 de mayo en Florida y Georgia por cargos penales relacionados con sus supuestos papeles en un esquema de soborno y lavado de dinero”.
“Según documentos judiciales, Arturo Carlos Murillo Prijic, 57, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, 51, Luis Berkman, 58, Bryan Berkman, 36 y Philip Lichtenfeld, 48, participaron en el esquema de soborno entre aproximadamente noviembre de 2019 y abril de 2020”, puntualiza el citado texto.
En el comunicado de prensa se detalla que Murillo y el exjefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal recibieron un soborno de 602 000 dólares por parte de ciudadanos estadounidenses.
Mediante el ilícito, los implicados de la parte estadounidense pretendían beneficiar a su empresa con “un contrato de aproximadamente 5, 6 millones (de dólares) para proporcionar al Ministerio de Defensa de Bolivia gas lacrimógeno y otros equipos no letales”.
“Las cinco personas están acusadas de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si son declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión”, advierte el comunicado oficial.
