La  Fiscalía y la defensa del exministro boliviano del gobierno de facto, Arturo Murillo, anunciaron que una jueza de Miami acordó fijar una fianza de 25 000 dólares y posponer nuevamente la audiencia de lectura de cargos de corrupción y lavado de dinero para el 9 de septiembre.

El abogado de la defensa Daniel Pulecio dijo que el lunes, la jueza del caso solo abordó el tema de la fianza del exministro de Gobierno en una sesión virtual y que dispuso un nuevo aplazamiento de la presentación de la acusación, por la Fiscalía, ante la cual Murillo tendrá la opción de declararse culpable o enfrentar juicio.

Por otra parte, señaló que la regla general es que las personas respondan al proceso en libertad, siempre que logren el acuerdo con la Fiscalía.

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Murillo fue ministro de Gobierno durante el mandato de la autoproclamada presidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020), y  arrestado en mayo pasado Estados Unidos, además continúa detenido en Miami, a diferencia de otros cuatro coprocesados que lograron libertad bajo fianza y aguardan juicio en libertad.

El extitular de Gobierno enfrenta en su país varios procesos por los mismos cargos de corrupción, entre otros delitos, incluso el genocidio, pero huyó del país dos días previos a la conclusión de la administración transitoria de Áñez el 8 de noviembre pasado y obtuvo refugio en EE.UU.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de EE.UU. lo detuvo en su territorio y lo acusó de liderar una operación de lavado de dinero procedente de la compra a sobreprecio por parte del Estado de materiales antidisturbios para el uso policial.

Actualmente, los cómplices de estas acciones delictivas que gozan de libertad condicional en Estados Unidos son el exjefe de Gabinete y asesor de Murillo, Sergio Méndez, el boliviano-estadounidense Philip Lichtenfeld, y los empresarios Luis Berkman Litmann y Bryan Berkman,