La semana comenzó caliente en Bolivia. Un paro convocado por la oposición ayer lunes y el gremio del transporte público y una marcha de apoyo al gobierno hoy en el departamento de Santa Cruz, epicentro de una escalada de tensión con el gobierno del presidente Luis Arce

Al cumplirse el primer año de triunfo de Arce en los comicios presidenciales se siguen sumando causas judiciales contra dirigentes opositores como el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, por su presunta participación en el golpe de Estado que en 2019 derrocó al expresidente Evo Morales, 

De acuerdo con Página 12, estos procesos judiciales, junto a una ley contra las ganancias ilícitas impulsada por el gobierno, son los principales motivos del malestar opositor.

Mientras, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, ha señalado que la marcha de apoyo a Arce en el departamento de Santa Cruz, servirá para rechazar "los intentos de desestabilización y de nuevo golpe de Estado de parte de la derecha" y exigir "respeto a la democracia y a los símbolos patrios".

La decisión de realizar la concentración en Santa Cruz, según el líder sindical, se adoptó cuando los opositores comités cívicos cruceños anunciaron su paro de este lunes. "Para nosotros está totalmente claro que la derecha quiere reeditar el golpe de 2019 y no lo vamos a permitir, porque los golpistas no solo han roto la democracia sino que han aprovechado la pandemia para saquear al Estado".

Para la COB, los principales motores de desestabilización del gobierno de Arce son el presidente del Comité Cívico cruceño, Rómulo Calvo, y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

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Camacho, uno de promotores de las movilizaciones contra el gobierno apareció días antes en  un video de 2019 en el que él mismo cuenta cómo alguien le dijo que ya estaba cerrado el acuerdo para "tumbar" a Morales.

Dice Página 12 que el espectro opositor es muy similar al que apoyó en 2019 las masivas protestas contra el gobierno de Morales por considerar que se había cometido fraude en las elecciones de octubre de 2019, en la que el exmandatario fue proclamado ganador. Esas movilizaciones fueron el preludio al golpe.

Múltiples frentes de batalla están abiertos en Bolivia. Por un lado, están los procesos judiciales por los que se ha imputado, llamado a indagatoria y, en algunos casos, detenido a varias de las figuras emblemáticas del golpe de 2019, del gobierno de facto posterior y las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante esa gestión "interina" que duró un año.

Los acusados y sus aliados dicen que estos procesos son parte de "una persecución política" por parte del gobierno. Por otro lado, la Asamblea Legislativa aprobó una ley en la que se asigna atribuciones para elaborar ternas de designación de autoridades como el fiscal departamental, representantes de la Defensoría y la Procuraduría y un director anticorrupción. 

A lo que el gobierno de Arce respondió que el único competente para definir sobre esas designaciones es el legislativo nacional y acusó a la Asamblea de Santa Cruz de "un indicio de delito de separatismo".

A todo esto se une que,  la oposición rechaza la llamada Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que tiene media sanción de la Cámara Baja, y lo hacen porque consideran que le dará "poderes extraordinarios a las instituciones estatales". 

El proyecto de ley busca garantizar la fiscalización del dinero, instrumentos financieros y bienes obtenidos de ganancias y su control en la entrada y salida del país, otorgando más competencias a la Unidad de Investigaciones Financieras, la Fiscalía, el ministerio de Justicia y la Procuraduría.