Macri debe presentarse a indagatoria el próximo miércoles
El expresidente argentino insiste en que el juez Martín Bava no es imparcial en el caso que se le sigue por el submarino ARA San Juan.
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Macri debe presentarse a indagatoria el próximo miércoles
El expresidente argentino Mauricio Macri debe presentarse el próximo miércoles a indagatoria frente al juez Martín Bava por la investigación que se le sigue por presunto espionale ilegal en contra de los familiares de los 44 tripulantes que viajaban en el submarino ARA San Juan, que se hundió a finales de 2017.
El abogado del expresidente, Pablo Lanusse, afirmó hoy lunes en una recusación presentada contra Bava que este “actuó sin moderación, mesura, adecuada compostura, objetividad, imparcialidad, ecuanimidad, rectitud, administración de justicia, recato, despojado de cualquier injerencia extraña, independencia ni estilo”.
Esta es la segunda ocasión que Macri arremete contra el juez con la intención de separarlo de la causa que lo investiga. El objetivo es no acudir a la indagatoria frente a Bava, quien es la cuarta vez que lo cita sin que hasta el momento haya logrado que el expresidente declare.
La primera indagatoria debía realizarse el 7 de octubre, pero en ese momento Macri se encontraba en una gira en Estados Unidos, desde donde denunció que era víctima de una "persecución política".
Después, el juez lo citó para el 20 de octubre, pero el expresidente volvió a faltar y solicitó que Bava fuera apartado de la causa al considerar que ya lo había prejuzgado, pero la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó el pedido.
Así, finalmente Macri tuvo que acudir al juzgado el pasado jueves pero, cuando inició la audiencia, su abogado reclamó que el expresidente fuera relevado de la obligación de guardar secretos de inteligencia para poder hablar sobre cuestiones de Estado, y que tenía que otorgar su sucesor, el presidente Alberto Fernández.
El juez consideró que este requisito no era indispensable, pero cedió a la exigencia para no entorpecer el derecho de defensa, así que suspendió la indagatoria.
Horas más tarde, Fernández firmó el relevamiento y Bava citó de nuevo a Macri para el 3 de noviembre.
Ahora esta cuarta convocatoria está en riesgo por la recusación en la que Macri insiste en que el juez debe ser apartado porque ya lo condenó de antemano.
Como se conoce, el 15 de noviembre de 2017 el submarino ARA San Juan, en el que viajaban 44 tripulantes, dejó de tener contacto mientras se ubicaba a 430 kilómetros de la costa argentina.
Dos semanas más tarde, el Gobierno, encabezado entonces por Macri, dio por finalizada la búsqueda a pesar de que la nave no se había encontrado y en medio de los reclamos de los familiares, que esperaban que hubiera sobrevivientes.
En agosto de 2018, las autoridades contrataron a la firma Ocean Infinity para reiniciar la búsqueda. La empresa lo encontró el 17 de noviembre, justo un año después de la desaparición.
La tensión entre el gobierno y los familiares fue permanente, ya que desde el principio hubo declaraciones desafortunadas de los funcionarios y acusaciones de los familiares por maltratos, presunta corrupción y negligencia en el operativo de búsqueda, ya que el submarino se encontró muy cerca del lugar en donde había desaparecido.
El año pasado, el caso se agravó cuando el Gobierno de Alberto Fernández reveló que se habían encontrado pruebas de que los familiares de los tripulantes habrían sido espiados de manera ilegal.
Cristina Caamaño, actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), denunció el hallazgo de tres discos rígidos que almacenaban seguimientos sistemáticos y fotografías tomadas entre enero y noviembre de 2018, lapso en el que los familiares de los tripulantes presionaban al macrismo para que intensificara la búsqueda del submarino.
Por esta causa ya fueron procesados el extitular de la AFI, Gustavo Arribas, y la exsubdirectora Silvia Majdalani, quienes están acusados de espionaje ilegal en otras investigaciones judiciales. En todas sus declaraciones han negado los cargos, al igual que Macri, quien insiste en que es una persecución política justo en vísperas de las elecciones legislativas del proximo 14 de noviembre.
Sin embargo, el juez considera que el expresidente sabía de las operaciones ilegales y que el objetivo era conocer de antemano los reclamos que harían los familiares.
