Consejo Judicial Supremo tunecino se niega a reformar el poder judicial mediante decretos
El consejo advirtió sobre el peligro de que continúe la distorsión y la presión ejercida sobre los jueces. Destacó que sus decisiones y acciones se tomaron con base en la constitución.
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Consejo Judicial Supremo tunecino se niega a reformar el poder judicial mediante decretos.
El Consejo Superior de la Judicatura de Túnez emitió un comunicado confirmando su negativa a reformar el sector judicial a través de decretos y medidas excepcionales.
La entidad advirtió sobre "el peligro de que continúe la distorsión y la presión ejercida sobre los jueces". Destacó que "sus decisiones y acciones se tomaron con base en la constitución".
El 28 de octubre pasado, la ministra de Justicia de Túnez, Leila Jaffal, anunció la elaboración de un proyecto relacionado con el Consejo Judicial Supremo, que desató una polémica generalizada en los círculos judiciales y de derechos humanos del país.
Los círculos judiciales y de derechos humanos en Túnez ven la propuesta como una injerencia y una violación de la autoridad del poder judicial.
Desde el 25 de julio pasado, Túnez sufre una severa crisis política, después que el presidente Kais Saied tomara decisiones "excepcionales", incluyendo congelar las competencias del Parlamento, levantar la inmunidad de sus representantes, entre otras.
Saied: Parte del poder judicial todavía está afiliado a partidos políticos
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Kais Saied, presidente de Túnez.
Por su parte, el presidente tunecino, Kais Saied, afirmó que "parte del poder judicial sigue afiliado a los partidos políticos que establecieron la ley que regula el poder judicial".
Las declaraciones de Saied se produjeron el miércoles durante su reunión con la primera ministra Naglaa Boden, la ministra de Justicia Laila Jaffal, el ministro de Defensa Imad Mameesh y el ministro del Interior Tawfiq Sharaf El-Din.
"Todo el mundo sabe en Túnez desde hace años cómo la política interfiere con el poder judicial, y se redactó un texto relacionado con el Consejo Supremo de la Judicatura para interferir en su trabajo, e incluso interferir en los fallos y los jueces", dijo.
Agregó que los jueces "arreglan la situación en algunos casos que aún están en curso, y las sesiones se posponen indefinidamente, por lo tanto los casaos tardan años sin resolver, especialmente los casos de los que robaron el dinero de los tunecinos".
También destacó que "las prácticas de quienes antes interferían en el poder judicial equivalen a delitos, y hoy están pidiendo a países extranjeros que se inmiscuyan en nuestros asuntos internos ... Nuestra soberanía no está en venta, y quien cometa un delito será juzgado".
