Juicio contra caras visibles
La justicia boliviana aprobó el juicio contra 10 altos exfuncionarios por el golpe de Estado de 2019, aunque personalidades locales estiman que aún están fuera del banquillo otros culpables, dentro y fuera del país.
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Juicio contra caras visibles
Cuando el proceso que inició sus trámites el 12 de enero juzgue al grupo de imputados, encabezado por la expresidenta Jeanine Áñez, tendrá solo ante sí caras visibles de una asonada devenida crimen nacional, gestada por Estados Unidos.
Entre quienes señalan a Washington figura el expresidente Evo Morales, principal objetivo de la asonada, quien anunció públicamente nuevas pruebas sobre la participación del país norteño.
El actual líder del Movimiento al Socialismo publicó en la red social Twitter las evidencias sobre el protagonismo estadounidense en la acción anticonstitucional que lo derrocó el 10 de noviembre de 2019.
Morales exigió a la Casa Blanca confirmar o negar si una foto en la que aparecen al entonces encargado de negocios Bruce Williamson y al exviceministro de Gestión Comunicacional del Gobierno de facto, Marco Aurelio Julio, "fue tomada en la autoproclamación de Áñez en el Legislativo".
El exgobernante añadió otras muestras probatorias de la responsabilidad de Washington en el hecho, "que causó 38 muertes de hermanos indígenas, persecuciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales".
Según diversas fuentes, junto a los 10 acusados en el caso Golpe de Estado II, entre ellos varios comandantes del Ejército y la Policía, debieran comparecer otros connotados golpistas como el exministro de Gobierno Arturo Murillo y el político derechista Luis Fernando Camacho.
El exmilitar es procesado desde mayo último en Estados Unidos por lavado de dinero y corrupción, y el actual gobernador del oriental departamento de Santa Cruz permanece sin imputar, pese a la voluntad oficial de hacerlo.
Un juicio juzgará, en su momento, a ambos escurridizos protagonistas del golpe de Estado. Y también a otros como los denunciados el propio 12 de enero por la exdiputada Lidia Patty y su abogado Marcelo Valdés.
La activista política y su letrado, gestores de acciones legales contra Áñez y algunos solapados culpables, revelaron que demandarán la imputación de diez militares implicados en la fuga, planificada durante el Gobierno de facto, del propio Murillo y del exministro de Defensa Luis Fernando López.
