Las autoridades tunecinas anunciaron el miércoles que más de 50 mil personas participaron en una consulta nacional a través de una plataforma electrónica que se creó para solicitar las opiniones de los tunecinos sobre las reformas políticas, sociales y económicas.

El presidente tunecino, Kais Saied, anunció la plataforma en línea como parte de un calendario político que finaliza con un referéndum y elecciones parlamentarias.

El ministro de Tecnologías de la Comunicación, Nizar Bennaji, dijo en conferencia de prensa: "Estamos en el quinto día, y el número de participantes ha llegado a 52 mil, y esto es bueno, y vamos a intensificar las operaciones de concientización y publicidad".

Más de nueve millones de tunecinos cuentan con servicios de Internet, mientras que más de siete millones están activos en sitios de redes sociales de un total de aproximadamente 12 millones de residentes en el país.

Según el ministro de Tecnología, "el grupo de edad entre 30 y 50 años participó ampliamente en la consulta, y la mayoría de ellos son de las gobernaciones de Túnez, Sfax (este) y Ariana (norte)".

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En conferencia de prensa conjunta con sociólogos y profesores universitarios, el ministro de Juventud y Deportes, Kamal Doqish, dijo: "Hemos completado 10 copias de las preguntas planteadas hasta llegar a la versión final que cualquier persona común puede entender".

En cuanto a las críticas de organizaciones y partidos políticos y su llamado a boicotear la consulta, Daqish afirmó que “las organizaciones que llaman a boicotear las respetamos, aunque no compartimos su punto de vista”.

Saied emite decreto que restringe privilegios de miembros del Consejo Judicial Supremo

Por su parte, una declaración de la presidencia tunecina dijo que el mandatario Kais Saied firmó un decreto que modifica la Ley Básica relacionada con el Consejo Judicial Supremo y estipula el fin de las concesiones y privilegios otorgados a sus miembros.

La polémica ha reinado en los últimos tiempos, en relación con la independencia del poder judicial, desde que la ministra de Justicia, Leila Jaffal, anunció, en octubre pasado, la elaboración de un proyecto de ley relacionado con el Consejo Judicial Supremo, lo que enfureció a muchos jueces.

En respuesta a la decisión presidencial, el titular del Consejo Judicial Supremo, Youssef Bouzacher, confirmó que los miembros seguirán desempeñando sus funciones independientemente del decreto.

También expresó su esperanza de que esta orden presidencial no sea un "medio de presión" sobre el Consejo Judicial Supremo, y señaló que la entidad goza de autogestión de conformidad con lo dispuesto en la Constitución.