La decisión del juez de anular la subasta ha generado incertidumbre sobre el futuro del programa federal de perforación en alta mar de EE. UU., que ha sido una gran fuente de ingresos públicos durante décadas, pero también provocó la ira de activistas preocupados por su impacto en el medio ambiente y su contribución al calentamiento global.

El Golfo de México representa el 15 por ciento de la producción de petróleo existente de EE. UU. y el cinco por ciento de la producción de gas natural seco, según la Administración de Información de Energía.

En la decisión, el juez Rudolph Contreras del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito de Columbia dictaminó anular la venta de arrendamiento 257 de la Oficina de Administración de Energía Oceánica, que ofreció alrededor de 80 millones de acres (37,4 millones de hectáreas) en alta mar en el Golfo de México en un subasta el pasado mes de noviembre.

La venta generó más de 190 millones de dólares, la cifra más alta desde 2019, en 1,7 millones de acres vendidos. Recibió ofertas de las grandes petroleras estadounidenses, incluidas Exxon Mobil Corp (XOM.N) y Chevron Corp (CVX.N) .

La decisión del jueves pasado se produjo después de que el grupo ambientalista Earthjustice impugnara la venta en nombre de otros cuatro grupos ecologistas, argumentando que el Departamento del Interior del presidente estadounidense Joe Biden se basaba en un análisis ambiental de hace años que no consideraba con precisión las emisiones de gases de efecto invernadero que resultarían del desarrollo del bloques

Contreras estuvo de acuerdo y criticó a la administración por excluir el consumo extranjero de su análisis de emisiones de gases de efecto invernadero y por ignorar la ciencia más reciente sobre el papel del desarrollo del petróleo y el gas en el calentamiento global.

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El Departamento del Interior, que supervisa el desarrollo federal de petróleo y gas, dijo que estaba revisando la decisión.

Biden hizo campaña para la Casa Blanca parcialmente con la promesa de poner fin a la perforación federal de petróleo y gas para luchar contra el cambio climático, pero los esfuerzos para suspender nuevas subastas fracasaron después de que los estados de la costa del Golfo presentaran demandas.

“Hemos documentado serias deficiencias en el programa federal de petróleo y gas”, dijo Melissa Schwartz, portavoz del Interior, en un comunicado. "Especialmente frente a la crisis climática, necesitamos tomarnos el tiempo para hacer reformas programáticas significativas y demoradas".

El Congreso ordenó que los Estados Unidos realicen subastas periódicas de tierras públicas para el desarrollo de petróleo y gas. "Nos complace que el tribunal invalidara la venta de arrendamiento ilegal de Interior", dijo Brettny Hardy, abogado principal de Earthjustice, en un comunicado. "Simplemente no podemos seguir invirtiendo en la industria de los combustibles fósiles para poner en peligro a nuestras comunidades y al planeta que se calienta cada vez más".

No estaba claro cómo afectaría el fallo a los planes de la administración de ofrecer más de 300 mil acres de arrendamientos en tierra a los perforadores para fines de este trimestre. Al igual que la venta del Golfo, esas subastas se iniciaron después de que un juez federal ordenara en junio al gobierno que reanudara el arrendamiento de petróleo y gas.

La industria de la perforación en alta mar criticó la decisión. "La incertidumbre en torno al futuro del programa federal de arrendamiento en alta mar de EE. UU. solo puede fortalecer la influencia geopolítica de las naciones más emisoras y antagónicas, como Rusia", dijo el presidente de la Asociación Nacional de Industrias Oceánicas, Erik Milito, en reacción al fallo.

Scott Lauermann, portavoz del grupo de presión de la industria petrolera American Petroleum Institute (API), dijo que API estaba "revisando la decisión y considerando nuestras opciones".

La decisión no es la primera vez que un tribunal cita análisis ambientales defectuosos para bloquear el desarrollo de petróleo y gas en tierras federales. En agosto, un juez federal revocó la aprobación del gobierno de un desarrollo de ConocoPhillips de seis mil millones de dólares en Alaska, una decisión que fue citada en el fallo de Contreras.