Gabriel Boric asumirá mañana la presidencia chilena en un contexto político, económico y social complejo, marcado por la elevada inflación, la crisis migratoria en el norte y el conflicto en la región de La Araucanía.

A sus 36 años, Boric, de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad, se convertirá en el mandatario más joven en la historia de su país y su gabinete será el primero con mayoría de mujeres, hechos que generan grandes expectativas, así como enormes son también los retos de su administración

“Existe mucha esperanza con el próximo Gobierno, pero la realidad es dura porque los pronósticos económicos son bajos y hay un déficit fiscal muy grande (7,6 por ciento del Producto Interno Bruto) derivado de las ayudas que se dieron durante la pandemia”, declaró a Prensa Latina el periodista y analista internacional Pablo Jofre.

Después de un crecimiento de 12 por ciento del PIB durante 2021 motivado por el consumo, la economía de Chile registrará este año una desaceleración fuerte, a lo cual se suma la inflación (7,8), muy por encima del rango de tolerancia del Banco Central de entre 2,0 y 4,0 por ciento.

Otro desafío para el nuevo Gobierno es el enfrentamiento a la COVID-19. Si bien en 2021 se avanzó en su control, este año las cifras volvieron a dispararse por la variante ómicron del virus SARS-CoV-2 y el país acumula más de 3,2 millones de contagios y 43 mil fallecidos desde el inicio de la pandemia.

“En materia de salud, el ejecutivo debe mantener la campaña de vacunación contra la COVID-19, pero también resolver la larga lista de espera quirúrgica, la atención a los pacientes con enfermedades oncológicas y avanzar en un sistema de salud universal que equilibre las diferencias entre el sector público y privado”, dijo el analista chileno.

Resolver el conflicto en la llamada macrozona sur, donde el pueblo mapuche reclama la devolución de sus tierras ancestrales y se registran episodios de violencia; y la crisis en la frontera con Bolivia y Perú por la inmigración descontrolada, son también retos para la nueva administración.

Boric conformó un gabinete diverso, con importante presencia de jóvenes y amplia mayoría de mujeres, quienes dirigirán 14 de los 24 ministerios, entre estos los de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores.

“Es un Gobierno que vincula la nueva horneada de políticos (Frente Amplio, Convergencia Social) con miembros de partidos tradicionales de la Concertación y la Nueva Mayoría, como el Partido Socialista y el Comunista. Entonces es muy transversal desde la izquierda hasta el centro”, explicó Jofre.

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Boric deberá gobernar con un Congreso dividido casi a la mitad entre la izquierda y la derecha y ello implica la necesidad de consensos a la hora de aprobar leyes que requieran quorum.

“Ahí puede haber dificultades porque la derecha es consecuente con los intereses empresariales”, advirtió.

El programa de la alianza Apruebo Dignidad, que lo llevó al poder, prevé fortalecer el Estado, aumentar el salario y las pensiones, priorizar el diálogo en la búsqueda de una solución al conflicto mapuche, mejorar la educación y la salud, reactivar la economía y lograr que el crecimiento del PIB y la distribución justa de la riqueza vayan de la mano.

Un proyecto ambicioso que según reconoció Boric no podrá cumplirse de manera rápida, sino paso a paso. “Tengo absolutamente claro que soluciones tan estructurales no se logran de la noche a la mañana. Los cambios deben ser llevados a cabo con un diálogo amplio y sin exclusiones, así como con gradualidad y responsabilidad fiscal”, dijo.

El próximo presidente deberá también conducir a buen puerto el proceso hacia una nueva Constitución, en reemplazo de la vigente desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Boric prometió defender la Convención Constituyente y -de hecho- una de sus primeras actividades después del triunfo electoral del 21 de diciembre fue reunirse con los directivos de ese órgano.

“Este es un tema de Estado, un tema de largo plazo. Si le va bien a la Convención, le va bien a Chile”, expresó en aquella ocasión. A mediados de año vence el plazo para presentar el texto final de la carta magna, la cual tendrá que ser sometida a votación en un plebiscito de salida con participación obligatoria.