Renuncia jueza guatemalteca anticorrupción y huye a EE.UU.
La jueza Erika Aifán ha presidido casos de corrupción contra empresarios, funcionarios, jueces y legisladores, y recientemente supervisó una investigación sobre presuntas irregularidades durante la campaña del actual presidente Alejandro Giammattei. Ha sido perseguida por sus propios compañeros y enfrenta al menos 20 denuncias judiciales por presunta extralimitación, algo que ella niega.
Una jueza guatemalteca considerada clave en la lucha contra la corrupción anunció el lunes su renuncia y que ha decidido abandonar el país centroamericano.
La jueza Erika Aifán ha presidido casos de corrupción contra empresarios, funcionarios, jueces y legisladores, y recientemente supervisó una investigación sobre presuntas irregularidades durante la campaña del actual presidente Alejandro Giammattei. Ha sido perseguida por sus propios compañeros y enfrenta al menos 20 denuncias judiciales por presunta extralimitación, algo que ella niega.
“No me dejaron otra opción”, dijo a The Associated Press en una conversación telefónica desde Washington, a donde huyó.
Aifán es el caso más reciente de otros jueces y fiscales guatemaltecos que abandonaron el país en los últimos meses luego de que el gobierno iniciara investigaciones o incluso buscara arrestar a quienes supervisan casos de corrupción.
Aifán dijo que había sentido una presión particular por parte de la procuradora general de Guatemala, Consuelo Porras, cuya visa fue cancelada por el gobierno de Estados Unidos debido a problemas de corrupción.
“Ella ha manipulado a la Fiscalía, procesando a los que hemos trabajado para luchar contra la impunidad y la corrupción”, dijo Aifán.
Uno de los casos más recientes de Aifán fue una investigación sobre la supuesta financiación ilegal de la campaña presidencial de Giammattei en 2019. El presidente ha negado haber actuado mal.
La ONU y el gobierno estadounidense habían criticado y condenado en el pasado lo que han considerado “acoso” a la jueza.
En julio de 2021, el gobierno de EE.UU. anunció la suspensión de su cooperación con la Oficina del Fiscal General de Guatemala en respuesta al despido de su entonces principal fiscal anticorrupción.