La declaración del Estado de Excepción, avalado por la Asamblea Legislativa, en El Salvador, a instancias del presidente Nayib Bukele fue denunciado ayer jueves por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, así como por organismos internacionales, preocupados por detenciones arbitrarias en el país centroamericano.

El secretario general de la ONU, António Guterres, se declaró preocupado ante el aumento de la violencia en El Salvador y dice confiar en que las medidas adoptadas por el presidente Nayib Bukele para combatirlo estén en línea con los derechos humanos.

Guterres mediante un comunicado de su portavoz Stéphane Dujarric, en un comunicado dice ver "con preocupación el pico de violencia en El Salvador durante el fin de semana y expresa su solidaridad con los salvadoreños en esta difícil coyuntura”.

A su vez, grupos de derechos humanos y analistas consideran que las detenciones masivas, las cuales alcanzan al menos 1 400 en tres días, según el propio Bukele, tienen poco que ver con los asesinatos del fin de semana.

Las denuncias describen detenciones contra dirigentes de organizaciones civiles, menores de edad y personas que no tienen ningún vínculo con el crimen organizado.

El mandatario salvadoreño declaró un régimen de excepción el domingo pasado y un día después dio un ultimátum a las pandillas, consideradas responsables de 87 homicidios en tres días. En respuesta, los pandilleros están sometidos desde el domingo a un estricto estado de emergencia en las cárceles.

Entretanto, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el miércoles un fuerte endurecimiento de penas contra los miembros de las pandillas, una medida aprobada sin estudio ni discusión parlamentaria, según fue solicitada por el Gobierno, en el marco del régimen de excepción.