El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda mexicana, equivalente a un organismo de anticorrupción financiera, Pablo Gómez, cuestionó la escasa instalación de urnas electorales que desplegó el Instituto Nacional Electoral (INE) el domingo pasado durante la consulta de revocación de mandato.

Frente a los señalamientos de los consejeros del INE sobre la presunta disminución del presupuesto entregado por la Cámara de Diputados en comparación con lo que se solicitó para realizar, entre otras cosas, la revocación de mandato, Gómez aseguró que “la Cámara de Diputados no redujo nunca el presupuesto del INE".

Agregó que el Legislativo no autorizó "las desmedidas solicitudes de aumento que presentó cada año; tampoco están autorizados los ilegales sueldos que cobran 400 funcionarios del INE: los más altos en el servicio público”.

Desde que el INE informó que solo instalaría 57 mil 517 casillas ante su insuficiencia presupuestaria, el presidente Andrés M. López Obrador, cuestionó la falta de disposición de la autoridad electoral para hacer cumplir los preceptos de la Ley General de Revocación de Mandato, que le obligaba a instalar poco más de 161 mil casillas. 

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El INE se defendió con el argumento que no disponía de recursos suficientes para instalar tal cantidad y ello generó una nueva controversia por la existencia de fideicomisos financieros por parte de la entidad, los cuales defiende como "amparados por la ley, en su autonomía”.

Sin embargo, Pablo Gómez insiste en el carácter ilegal de ambos fideicomisos ya que al no ser dicho organismo una institución de seguridad social ni un fondo inmobiliario, “no podría reservar recursos para propósitos ajenos a su función”.

La confrontación entre el INE y Pablo Gómez surgió después que el titular de la UIF cuestionara la escasa instalación de casillas que desplegó el instituto durante la consulta de revocación de mandato, el 10 de abril.

Objetó que la razón haya sido de orden financiero, cuando el INE retuvo el equivalente a 65 millones de dólares en lo que calificó de "ilegales fideicomisos”.

Según Gómez, como antes el propio López Obrador, el propósito de ese bajo número de casillas instaladas era sabotear la consulta, la cual en definitiva se saldó en favor de la continuidad del mandato del Presidente.