La nueva política migratoria que impulsa el Gobierno británico volvió a generar polémica. Tras el rechazo de las autoridades de la Iglesia anglicana, el Consejo de Refugiados cargó contra la iniciativa y aseguró que a las personas que llegan al Reino Unido no se las debe tratar "como criminales". Agregó que enviarlas a Ruanda, como se prevé, "es inhumano, cruel y desagradable".

Según sus estimaciones, los casi 200 migrantes ilegales que, según los cálculos, podrían llegar a través del Canal de la Mancha corren el riesgo de ser trasladados a Ruanda, publicaron medios locales. Su proyección está basada en datos del año pasado, de acuerdo con los cuales 172 personas de un total de 8593 fueron declaradas inadmisibles para el sistema de asilo.

Sin embargo, la cifra fue cuestionada por el Ministerio del Interior, que manifestó que la cantidad de migrantes ilegales que podrían ser trasladados al país africano no tiene tope. Incluso, se estimó que podrían ser miles al año.

Otra proyección del Consejo hace referencia a la cantidad de personas que terminarían en prisión tras llegar de manera ilegal a través del Canal de la Mancha: serían unos 19 mil en cuatro años, lo que tendría un costo de 835 millones de libras esterlinas al año (unos 1064 millones de dólares). 

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"Castigar a las personas, tratarlas como criminales y carga humana para ser expulsadas a Ruanda, no solo es inhumano, cruel y desagradable, sino que no servirá de nada para abordar las causas por las que las personas realizan viajes peligrosos. Las personas que huyen de la guerra y la persecución siempre deben tener un juicio justo en suelo británico", afirmó Enver Solomon, director ejecutivo del Consejo de Refugiados.

Críticas de la Iglesia y la ONU

El proyecto migratorio impulsado por el gobierno ya había recibido críticas de parte de la Iglesia anglicana. Durante la misa de Pascua, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, dijo que la iniciativa presenta "serias cuestiones éticas" y que el Reino Unido tiene la "responsabilidad nacional" de no transferir sus "compromisos subcontratando" los servicios de una tercera nación.

Por su parte, el arzobispo de York, Stephen Cottrell, definió al plan como "atroz y angustiante", a la vez que pidió un trato justo para todos los refugiados y migrantes. "Las personas que llegan de Siria, de Yemen, tienen tanta necesidad como la gente de Ucrania, y necesitan ser tratadas con la misma dignidad y la misma compasión", expresó.

Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) manifestó que este tipo de iniciativas "evaden obligaciones internacionales y contradicen el contenido y la esencia de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados", por lo que aseguró que esas personas "no deben ser tratadas ni transportadas al extranjero, como si fueran mercancía".

El proyecto

La iniciativa presentada por el primer ministro, Boris Johnson, el 14 de abril prevé que "cualquier persona que entre ilegalmente en el Reino Unido, incluidos los que han llegado de forma irregular desde el 1 de enero, podrá ser reubicada en Ruanda". Además, destacó que esta iniciativa "proporcionará rutas seguras y legales para el asilo", mientras que los migrantes podrán "construir una nueva vida en ese dinámico país africano, con el apoyo financiero" de Londres.