Admiten militares colombianos retirados participación en ejecución de civiles
Los uniformados pidieron perdón a los familiares de 120 jóvenes secuestrados y asesinados a sangre fría entre 2007 y 2008, para luego presentarlos como miembros de guerrillas de extrema izquierda.
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Admiten militares colombianos retirados participación en ejecución de civiles.
La audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los reconocimientos de miembros del Ejército y el civil imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad dentro del caso que investiga falsos positivos en Catatumbo continúa en Colombia.
En la diligencia judicial en los procesos que adelanta la JEP por violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado en el país, se presentaron las víctimas, que dieron sus testimonios una a una -ante los jueces-.
Al comienzo, una madre de Soacha hizo la pregunta ante el silencio del auditorio: “¿Quién les dio la orden?”.
"Hoy vengo en representación de todas las víctimas, específicamente de mi hermano", expresó Anderson Rodríguez, la tercera víctima en participar en esta audiencia de reconocimiento por falsos positivos.
Durante estas diligencias, los máximos responsables imputados por la JEP se presentaron ante la Sala de Reconocimiento, las víctimas, las instituciones del Estado y la sociedad colombiana
En Ocaña (Norte de Santander), el día de ayer 26 de abril y este miércoles 27 de abril, se llevaron a cabo las primeras audiencias de reconocimiento.
Allí 10 máximos responsables de la fuerza pública, entre ellos un general y cuatro coroneles, además de un tercero civil, imputados dentro del caso 03, conocido como el de falsos positivos, reconocieron su responsabilidad por el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada.
“Yo soñaba que los militares que asesinaron a mi hijo dijeran qué había pasado con nuestros hijos. Hoy los tengo acá. Es un alivio para mí como madre saber de esta ventanita que la JEP empezó a abrir”, dijo Blanca Monroy.
Monroy se ha dedicado a la costura y al cuidado de sus hijos y nietos. Desde hace 14 años ha trabajado por la búsqueda de la justicia y la verdad en el caso de su hijo Julián Oviedo Monroy.
Otro familiar de una víctima, Zoraida Muñoz indicó: Quiero que el nombre de mi hijo quede limpio. Mi hijo no era ningún guerrillero. No era eso que dijeron por lo que lo mataron, era un joven sano. Hacía cinco meses había salido del Ejército y lo cogieron para matarlo, para vendérselo al Ejército”.
“Soy civil. Fui la persona que trajo a sus seres queridos de varias partes de Colombia”, empezó reconociendo Alexander Carretero Díaz. Se trata del tercero civil que colaboró en la configuración del patrón criminal en el que participaron miembros del BRIM15 y el BISAN.
“Fui el culpable. Me declaro responsable de haber traído personas de Soacha, Gamarra, Aguachica y Bucaramanga para entregárselas al Ejército para que las asesinaran”, señaló Carretero antes de empezar a relatar cómo participó en los hechos.
“Mi vida está en peligro pero quiero seguir colaborando, con ustedes con toda la verdad. Si me permiten, quiero reparar con actos simbólicos", acotó.
En la audiencia inicial participó el mayor (r) Juan Carlos Chaparro Chaparro quien, pidió perdón por lo que calificó como crímenes de lesa humanidad: “pido perdón por las actividades atroces que cometí, encubrí y que tapé”, mencionó.
Según la JEP 6 402 civiles fueron ejecutados
Otro acusado, el coronel Rubén Castro, admitió la existencia de una "banda criminal" entre sus hombres "creada con el único fin de aumentar" las pérdidas. Pidió perdón por exigir el asesinato de "buenas personas".
Los imputados especificaron alternativamente las circunstancias en las que asesinaron a estos hombres, en su mayoría de entre 25 y 35 años, campesinos secuestrados o jóvenes engañados con promesas de trabajo. Luego fueron ejecutados en una finca cercana o en los alrededores del cuartel de Ocaña. Una práctica motivada por una "política institucional del Ejército consistente en contar los cadáveres" para inflar sus resultados en la lucha contra la guerrilla, fustigó el juez Díaz que preside la audiencia.
Según la JEP, 6402 civiles fueron ejecutados entre 2002 y 2008 en el país, a cambio de beneficios materiales para los militares. Hasta la fecha, una veintena de ellos han admitido su responsabilidad en estos crímenes.
El entonces presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Militares, el derechista Álvaro Uribe (2002-2008), siempre ha negado una actuación sistemática, hablando de "casos aislados".
