En El Salvador continúa guerra contra las pandillas
El Gobierno de Nayib Bukele informó que el país centroamericano lleva seis días consecutivos sin homicidios.
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En el Salvador continúa guerra contra las pandillas.
El 27 de marzo, luego de un fin de semana que dejó 87 muertos, el Ejecutivo decretó el estado de excepción por un mes, que fue extendido por otros 30 días.
Continúan suspendidos derechos como la libre asociación e inviolabilidad de comunicaciones, y el plazo máximo de prisión administrativa se mantiene en 15 días.
Mientras, la mayoría de las personas encarceladas son menores de 30 años, de escasos recursos económicos y bajo nivel educativo. Según criterio de un estudio de la Organización Azul Originario, muchos de los apresados no integran estructuras criminales.
"Esto responde a la estigmatización que sufren los jóvenes", dijo Huber Romero, investigador de esa asociación que trabaja sobre la violencia.
"En estas estructuras criminales por ejemplo Las Maras, la mayoría de sus integrantes son jóvenes. Pero las juventudes salvadoreñas son sus principales víctimas, entre muertes y desapariciones. También influyen en la estigmatización el bajo nivel educativo, las zonas de residencia, tener tatuajes, vestirse de una forma y hasta un corte particular de cabello", dijo.
Para el entrevistado, el manejo comunicacional del Gobierno influye en los lazos comunitarios, ya de por sí "débiles por arbitrariedades en el procedimiento de detenciones" impuesto por el Estado.
"Hay un manejo mediático y de la agenda pública de hacerle creer a la población que estos 20 000 detenidos son miembros activos de estructuras delincuenciales, y el dato no es cierto", indicó.
Por su parte, Amnistía Internacional pidió la intervención de la comunidad internacional y señaló que el Gobierno ha "pisoteado" los derechos del pueblo y que su llamada "guerra contra las pandillas'' ha desatado una “tormenta perfecta”.
Romero explicó que los gastos de las familias durante los 15 días de prisión administrativa para los detenidos las empobrecen aún más.
En el contexto de "guerra contra las pandillas" el Legislativo habilitó construir nuevas cárceles y suspendió durante el estado de excepción la ley que regula las compras estatales.
En tanto, EE.UU. emitió una alerta a sus ciudadanos que viajen o vivan en El Salvador sobre el riesgo de ser detenidos.
